NOTA DE PRENSA
Decano electo del Consejo Departamental de Lima, Edwin Chávarri, denuncia que se ha paralizado colegiación de 1400 profesionales y exige a Comisión Electoral Nacional inmediata entrega de poderes
El decano electo del Consejo Departamental de Lima del CIP, Edwin Chávarri Carahuatay, denunció que la falta de entrega de credenciales a los nuevos directivos, electos el pasado 22 de diciembre, ha generado una grave crisis institucional, administrativa y económica, que afecta a más de 140 mil agremiados.
En conferencia de prensa, realizada en la sede del CIP en San Isidro, dijo que dicha situación afecta no solo la recaudación de ingresos por alquiler de auditorios, la emisión de Certificados Habilidad, capacitaciones, etc., sino la paralización del proceso de colegiación de 1400 profesionales (700 del mes de diciembre 2024 y 700 de enero 2025).
“Las pérdidas económicas que se vienen generando son cuantiosas. Tenemos una infraestructura de más de 5000 m2, cuyos locales no podemos alquilar. Estamos perjudicando al ingeniero en su actividad laboral, debido a que no pueden celebrar contratos con el Estado ni con la actividad privada porque uno de los requisitos para poder trabajar, tanto para los ingenieros nacionales y extranjeros, es contar con Certificado de Habilidad, que hasta hoy no podemos emitir”, subrayó.
Precisó que el artículo 126 de del Reglamento del CIP establece que la proclamación y entrega de credenciales deben realizarse dentro de un plazo máximo de 15 días posteriores al acto electoral que se realizó el 22 de diciembre.
“Ese plazo ya se venció, han transcurrido más de 25 días y no se ha cumplido con la entrega de credenciales. Las autoridades electorales sabían las consecuencias laborales, legales, institucionales, económicas y sociales que esta situación iba a acarrear, aún así persisten en dañar a la institución”, recalcó.
Chávarri Carahuatay advirtió que la retención injustificada de las credenciales podría configurarse como una vulneración al artículo 359 del Código Penal, relacionado con la ocultación o retención de documentos electorales, lo cual es sancionado con pena privativa de la libertad de dos a cinco años.
En ese sentido advirtió que si se persiste con la no entrega de dichos documentos entablarán las denuncias que correspondan en la vía civil o penal.
El decano electo del Consejo Departamental de Lima del CIP, Edwin Chávarri Carahuatay, lamentó que existan otras listas que están alentando esta situación para que se genere una crisis institucional con denuncias sin fundamento en torno a un proceso electoral realizado con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Lima, 21 de enero de 2025
