Investigaciones por supuesto abuso de contratos públicos.
Una reciente contratación en el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado controversia en Colombia. Se trata de Laura Julieth Martínez Morales, una joven creadora de contenido para adultos, quien ha sido contratada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) con un contrato valorizado en más de 24 mil dólares.
La noticia fue revelada en redes sociales, donde se cuestionó si Martínez Morales cumple con los requisitos académicos y laborales para el cargo que desempeña. Su contrato establece que debe brindar apoyo administrativo en el manejo de emergencias y desastres, en el marco de los objetivos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Sin embargo, el hecho de que su experiencia conocida esté relacionada con la generación de contenido en plataformas digitales ha generado dudas sobre su idoneidad.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, hizo público el documento contractual, firmado en septiembre de 2024. En su publicación, destacó la frase “previo cumplimiento de los requisitos legales y contractuales”, generando interrogantes sobre los criterios utilizados para su contratación.
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Martínez Morales, quien ha expresado su apoyo a Petro en redes sociales, respondió a la polémica asegurando que su trabajo en el gobierno es legítimo y que no hay nada irregular en el contrato. “Felicitaciones, descubrieron que los que apoyamos este gobierno trabajamos para él. Trabajar no es un delito”, publicó en su cuenta de X. Además, señaló que su actividad en plataformas para adultos no debería descalificarla para desempeñar funciones en el sector público.
El caso ha desatado un debate en redes sociales, donde se discute si la asignación de contratos en la administración pública debería basarse únicamente en méritos o si la cercanía con el gobierno juega un papel determinante.
En paralelo, en Perú, el Congreso de la República se encuentra investigando una presunta red de prostitución dentro del Parlamento, lo que ha reavivado la discusión sobre la transparencia en las contrataciones del sector público en distintos países de la región.
