Fiscalía de la Nación evalúa nueva denuncia contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

por | Feb 1, 2025 | Política

Peritajes revelan depósitos sospechosos; Contraloría contradice hallazgos.

El Ministerio Público concluyó la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. Este hallazgo se detectó tras un incremento patrimonial no justificado en sus cuentas bancarias desde que asumió funciones en 2021. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, analiza los informes periciales y de la Contraloría para decidir si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso.

Según un peritaje contable de octubre de 2024, Boluarte no pudo justificar depósitos bancarios por S/ 58,699.97. Además, la Fiscalía de la Nación está investigando la procedencia de relojes y joyas de alto valor que, supuestamente, habría recibido de Wilfredo Oscorima. En contraste, un informe posterior de la Contraloría, emitido bajo la gestión del nuevo contralor César Aguilar, descartó irregularidades en las cuentas de la mandataria.

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Ante esto, la defensa de Boluarte, encabezada por el abogado Juan Carlos Portugal, solicitó al Poder Judicial nuevas diligencias para interrogar a los peritos que elaboraron el informe fiscal y a los técnicos de la Contraloría. El juez supremo Juan Carlos Checkley evaluó el pedido en una audiencia el 31 de enero. La fiscalía sostiene que la etapa de investigación preliminar no contempla interrogatorios y que estos deben realizarse en juicio público.

Inicialmente, la Contraloría, bajo la gestión de Nelson Shack, detectó omisiones en la declaración patrimonial de Boluarte y reportó a la fiscalía que su desbalance patrimonial alcanzaría los S/ 432,932.25. Sin embargo, con la llegada del nuevo contralor, el informe fue reevaluado y se determinó que las cuentas de la presidenta estaban en regla.

El juez Checkley deberá resolver si admite la solicitud de la defensa o permite que la fiscalía avance con la investigación preparatoria. De ser admitida la denuncia constitucional, el Congreso tendrá que decidir si la procesa.

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