Ley aprobada permite usar hasta el 50% de financiamiento público para gastos operativos, incluyendo defensa legal.
Partidos del Congreso han recurrido irregularmente a los fondos públicos destinados a su financiamiento para cubrir gastos de asesoría legal. Aunque en el marco del Financiamiento Público Directo (FPD) no se contemplaba este tipo de gastos, varios partidos comenzaron a utilizar estos recursos para pagar a abogados, según informes de rendición de cuentas de las agrupaciones políticas presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Al menos cinco de los diez partidos que reciben estos fondos han destinado un total de S/ 556,321 a cubrir asesorías legales en el transcurso de 2024. Los partidos implicados son Avanza País, Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular. Estos gastos, aunque irregulares, fueron validados por la reciente aprobación de la Ley N° 32254, que permite a los partidos políticos usar hasta el 50% del FPD para cubrir gastos operativos, incluyendo la compra de inmuebles y el pago de abogados.
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El Congreso aprobó esta ley, publicada el viernes pasado, que restituye el financiamiento privado para los partidos y flexibiliza las restricciones sobre el uso de los fondos públicos. En este contexto, Avanza País fue el partido que más recursos destinó a estos fines, con un total de 146 mil soles para asesoría legal. Fuerza Popular le siguió con 142 mil soles, mientras que Perú Libre destinó 135 mil soles a la defensa de su líder, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Por otro lado, Alianza para el Progreso (APP) utilizó 97,821 soles para sus gastos legales, mientras que Acción Popular invirtió 35,500 soles en el mismo rubro. A pesar de que la Ley de Organizaciones Políticas establece que el 50% de los fondos públicos debe destinarse a la capacitación de los cuadros partidarios, esta directriz no se ha cumplido. Esto se refleja en la situación del actual Congreso, el cual se encuentra en uno de los niveles más bajos de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía.
