El Poder Judicial programó para el próximo 4 de marzo el inicio del juicio oral contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, como coautor de los presuntos delitos de rebelión y como autor de abuso de autoridad, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 en su mensaje a la Nación, en el que anunciaba la disolución del Congreso.
En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado 34 años de pena privativa de la libertad para el exmandatario y una reparación civil de S/65 419.038,53 soles a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria, así como la inhabilitación de la función pública del exjefe de Estado por tres años y seis meses.
De acuerdo a la resolución judicial, la audiencia del inicio del juicio oral alcanza a Betssy Chávez, Willy Huerta Olivas, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado, Eder Infanzón Gómez, por quienes el Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión, ser inhabilitados de ocupar cargos públicos por dos años y seis meses y una reparación civil de S/64.419.038,53. Sin embargo, en el caso de Aníbal Torres se ha solicitado 15 años de prisión.
De igual manera, la citación también incluye al congresista Roberto Sánchez Palomino; sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado un pedido de la defensa del exministro de Comercio Exterior y Turismo para archivar la acusación de presunta rebelión.
«Fijar, como fecha de inicio del juicio oral público, para el martes cuatro (4) de marzo de 2025, desde las 9:00 a.m. hasta las 13:00 p.m., el cual se llevará a cabo 3 veces por semana (martes, jueves y viernes) inicialmente en forma presencial en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en la Av. Principal s/n AA. HH Velasco Alvarado – Ate Vitarte», resolvió el Poder Judicial.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado un recurso de excepción presentado por la defensa legal del congresista Roberto Sánchez Palomino para archivar la acusación en su contra por el presunto delito de rebelión por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022. En ese sentido, el exministro de Comercio Exterior y Turismo ya no será investigado en este caso.
La decisión fue tomada por el juez supremo César San Miguel, quien resolvió revocar la resolución emitida por Juan Carlos Checkley el 11 de julio del 2024, en el que declaraba infundado el pedido de la defensa de Sánchez Palomino.
De otro lado, el Poder Judicial programó para el próximo 20 de marzo el control de acusación contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado, en el marco del caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
De acuerdo con la acusación fiscal, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, habría recibido sobornos por S/2,3 millones a cambio de adjudicaciones de obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
En el caso del Hospital Regional de Moquegua, el Ministerio Público postula que Vizcarra recibió S/1,3 millones para dar la buena pro de la obra al consorcio ICCSA. Mientras que por en el caso Lomas de Ilo, también se identificaron una serie de irregularidades.
Durante el juicio oral por estos casos, en diciembre último, el exgerente general y expresidente del directorio de la empresa constructora ICCGSA, José Fernando Castillo Dibós, manifestó que entregó 60 mil dólares al expresidente durante una reunión en la que estaban él, Vizcarra Cornejo y el exministro de Agricultura, José Hernández.
