El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el cierre de las fronteras terrestres con Colombia y Perú como medida de seguridad durante las elecciones generales que se celebrarán este domingo.
Además, el mandatario dispuso la militarización inmediata de los puertos, considerados puntos clave para la salida de droga hacia Europa, y el fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras terrestres con los países vecinos.
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«Ante los intentos de desestabilización de grupos armados, las fronteras permanecerán cerradas desde un día antes de las elecciones hasta un día después«, afirmó Noboa a través de sus redes sociales.
Ecuador enfrenta amenazas de narcoterrorismo
La decisión forma parte de las acciones preventivas frente a posibles ataques de las bandas criminales que operan en el país. Noboa declaró a Ecuador bajo «conflicto armado interno» en 2023, calificando a estas organizaciones como «terroristas» debido a sus actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsiones y secuestros.
El presidente también informó recientemente la captura de 12 personas armadas con fusiles y uniformadas como policías y militares en la provincia costera de Manabí, durante un evento de campaña. «Que retrocedan los narcoterroristas que buscan desestabilizar el país», escribió en un contundente mensaje en redes sociales.
Violencia y crimen organizado en Ecuador
Ecuador enfrenta una escalada de violencia que lo posicionó en 2023 como el país con la tasa más alta de homicidios de América Latina, con 47,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, un aumento significativo en comparación con años anteriores.
El país es un corredor estratégico para el tráfico de cocaína proveniente de Colombia, la cual es enviada a mercados de Norteamérica y Europa a través de puertos y lanchas rápidas. Mientras tanto, la frontera con Perú se ha convertido en un punto crítico para actividades ilegales como la minería no regulada y el tráfico de armas.
Medidas de seguridad y resultados
El gobierno de Noboa ha respondido a esta crisis con múltiples estados de excepción que incluyen el despliegue de militares en zonas conflictivas y la militarización de cárceles controladas por estructuras criminales. Estas acciones han reducido los homicidios en un 17 %, aunque las denuncias por extorsiones, secuestros y asesinatos siguen siendo una preocupación significativa.
