La iniciativa permite a afiliados con enfermedades terminales acceder a sus fondos
El proyecto de ley 10170/2024-CR permite que afiliados de AFP retiren hasta el 95.5% de sus fondos en casos de enfermedad terminal o cáncer, tras certificación médica.
Además, el proyecto establece que se dejará un saldo del 4.5% para garantizar prestaciones y beneficios de seguridad social en Essalud, asegurando protección mínima.
Si el afiliado decide establecer residencia en el extranjero, el proyecto autoriza la transferencia del 100% de sus fondos a cuentas internacionales en un plazo de cinco días.
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La iniciativa permite retirar hasta el 50% de fondos por desempleo prolongado. Para ello, se requiere ser menor de 55 años y acreditar cese laboral.
Además, se autoriza un retiro único del 50% para financiar estudios superiores. Esto aplica tanto para el afiliado como para su familia.
El proyecto de ley estipula que los fondos retirados son intangibles. Por lo tanto, no se les aplicará descuento alguno.
La congresista Digna Calle argumenta que el retiro actual del 50% en casos de enfermedad terminal es insuficiente. En consecuencia, no cubre los elevados requerimientos médicos.
La legisladora resalta que muchos afiliados enfrentan dificultades económicas. Esto les impide financiar estudios superiores o mejorar su calidad de vida.
En casos de transferencia de fondos para residentes en el extranjero, la norma actual impone limitantes. Por esta razón, la iniciativa simplifica el proceso.
Este proyecto se suma a otros presentados por congresistas, ampliando opciones de retiro de fondos.
El proyecto de ley propone desembolsos mensuales de hasta una UIT. Así, se permite retirar un total de cuatro UIT, equivalente a S/21,400.
La iniciativa busca mitigar los efectos de la contracción económica, la inflación y el aumento del costo de vida.
El proyecto garantiza que los fondos retirados sean intangibles. De esta forma, se protege el patrimonio de los afiliados.
La congresista Calle argumenta que la norma actual es insuficiente. Por lo tanto, exige mayor flexibilidad para atender requerimientos médicos y económicos.
Este proyecto de ley representa un avance crucial para combatir la precariedad económica. Además, protege los derechos de los trabajadores.
