La empresa estatal china Cosco Shipping no pagará impuestos al Estado peruano hasta el 2027 y según estimaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) generará ingresos aproximados de S/800 millones y S/900 millones el 2025 y el 2026 (respectivamente) y a partir del año 2027, se estima que los ingresos que produzca el nuevo terminal portuario serían superiores a los S/1,300 millones, año en que recién pagarían impuestos.
Según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas se ha estimado que recién en el 2027 sus tributos podrían alcanzar los S/180 millones, por los conceptos de Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas.
Gracias a la complacencia de las autoridades peruanas la empresa china recuperará el IGV en su etapa preoperativa, en base a contratos de inversión que (el inversionista privado) suscriba con el Estado para una etapa pre productiva no mayor a dos años.
En tal sentido, Cosco Shipping, en base a su inversión programada de S/1,213 millones (y plasmada en contrato con el Estado), se le ha devuelto US$84 millones, por concepto de recuperación anticipada del IGV (invertido), y que podría solicitar devolución por hasta US$200 millones, aproximadamente.
El puerto de Chancay fue inaugurado en noviembre de 2024, dando inicio a su operación comercial, aunque recién empezará a pagar impuestos a partir de su tercer año de operación.
Esto fue informado por funcionarios de la Sunat, en una exposición ante la Comisión Especial Proyecto Chancay del Congreso de la República en setiembre de 2024, que los invitó para conocer sobre el movimiento económico que generará ese megaproyecto, y su impacto en la tributación.
A fines de 2024 Verónica Zambrano, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), reveló que recibieron una notificación de un juzgado de Chancay, el cual indica que Cosco Shipping interpuso una demanda en su contra respecto a la supervisión del megapuerto de Chancay.
«Ellos consideran que Ositrán, al ejercer sus competencias, está de alguna manera vulnerando sus derechos. Señalan que no es nuestra competencia (supervisar las actividades del puerto de Chancay) y que seguimos ejerciéndola sobre lo que ellos consideran es un puerto privado. Al suceder eso, indican que estaríamos confiscándoles su propiedad», dijo.
Asimismo, descartó que exista un vacío legal en la ley aprobada por el Congreso, la cual le habría dado la razón a la empresa al reconocer la condición de privado de dicho puerto.
«Originalmente, se estableció las competencias para temas de empresas del Estado que brindarán servicios públicos o también concesiones. Pero, luego se crea esta figura distinta que existe en la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). Cumpliendo unas condiciones, se puede hacer uso del área acuática, pero no ser una concesión», detalló.
Agregó que, «el terreno es propiedad de la empresa, y sobre el bien público, que es el mar, ejercen ese derecho de uso de área acuática. Lo que señala en la Ley Portuaria Nacional es que los organismos, como Ositrán, tienen características normativas».
La presidenta de Ositrán enfatizó que dentro de su competencia para supervisar las infraestructuras en general, también se incluyen a los administradores portuarios que están establecidos en la LSPN. Por ende, Cosco Shipping, al ser un administrador portuario, también deberá ser supervisado por Ositrán.
