Proyecto generaría 9 mil empleos y reducirá emisiones de CO2.
El Gobierno peruano evalúa la propuesta de Cálidda para ampliar su concesión y llevar gas natural a siete regiones. La iniciativa, que implicaría una inversión superior a 1,600 millones de soles, es evaluada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ProInversión y Osinergmin.
El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, explicó que esta ampliación contractual permitiría llevar gas natural a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. Esto contribuiría a reducir desigualdades en el acceso a energía en diversas zonas del país, en línea con los objetivos de descentralización del Gobierno.
La propuesta de Cálidda contempla la construcción de 2,500 kilómetros de redes de distribución, lo que permitiría conectar 150,000 viviendas y beneficiar a aproximadamente 800,000 ciudadanos. Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, destacó que el financiamiento del proyecto provendría íntegramente del sector privado, sin requerir aportes del Estado.
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Además de mejorar el acceso a energía, la iniciativa generaría alrededor de 9,000 empleos directos e indirectos y tendría un impacto positivo en la economía nacional, con un aporte estimado de 2,100 millones de soles al Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, contribuiría a la reducción de 195,000 toneladas de CO2, favoreciendo un menor impacto ambiental.
Actualmente, Cálidda opera en Lima y Callao bajo una concesión de 33 años otorgada en el 2000. A lo largo de este periodo, ha desarrollado una infraestructura de distribución de 18,000 kilómetros de redes, con una inversión de 1,700 millones de dólares. Ahora, con el respaldo de su principal accionista, el Grupo Energía Bogotá, busca expandir su cobertura a más regiones y extender el periodo de concesión.
El Gobierno prevé concretar esta y otras inversiones estratégicas en infraestructura en el primer semestre de 2025. La masificación del gas natural forma parte de un conjunto de proyectos en sectores clave como transporte, energía e irrigación, que serán ejecutados bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), con ProInversión a la cabeza de su desarrollo.
