La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado el impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, investigado por una aparente red de corrupción en el extinto programa Qaliwarma y mencionado como posible candidato para ocupar el cargo de embajador del Perú ante el Vaticano.
La audiencia para evaluar el requerimiento, presentado el último viernes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se llevará a cabo el próximo 4 de marzo, y de ser aceptado, el extitular del portafolio no podrá salir del país durante nueve meses.
Demartini se encuentra incurso en una pesquisa fiscal por omisión de funciones, al no haber supervisado adecuadamente las adquisiciones de Qali Warma, lo que resultó en el suministro de carne de caballo en lugar de carne de res, así como conservas de pollo con hongos y en mal estado, según una serie de reportajes.
A raíz de este escándalo, también es investigado el portavoz presidencial, Freddy Hinojosa, quien ya enfrenta un impedimento de salida del país por seis meses.
La semana pasada, el canciller Elmer Schialer dejó abierta la posibilidad de que el exministro sea nombrado embajador del Perú ante el Vaticano, a pesar de la investigación en su contra. “Yo no veo ningún impedimento legal para que pueda ser nombrado”, dijo al calificarlo como “muy competente”.
Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, consideró que Demartini “fue un trabajador leal” que se apartó del Gobierno para evitar generar “perturbación alguna” en el Ejecutivo. “Yo destaco este hecho por sobre cualquier otro, porque muestra un desprendimiento de su parte frente a lo que podía ser una situación generadora de problemas en el gobierno de la presidenta Boluarte”, apuntó en una entrevista radial.
