Katherine Ampuero pide investigar a fondo obra que involucra a PPK
Advierte que cambios a DU 003 busca impunidad de constructoras
REYNA CÁRDENAS A.
Pese a que los funcionarios de Odebrecht han señalado públicamente con respecto al Gasoducto Sur Peruano (GSP) que para obtener este proyecto no se pagó una sola coima, diversas voces consideran que esto es muy difícil de creer.
Cabe indicar que diversos informes dan cuenta de que desde su puesto de ministro, Pedro Pablo Kuczynski habría favorecido irregularmente en la entrega de dicho proyecto, durante el régimen de Alejandro Toledo.
La exprocuradora Katherine Ampuero manifestó a LA RAZÓN que existe una serie de indicios de corrupción en el concurso que permitió el otorgamiento de la obra al consorcio conformado por la constructora brasileña, Enagás y la peruana Graña y Montero, y hay declaraciones –como la del abogado José Guzmán Zegarra, esposo de la congresista Úrsula Letona– que hacen dudar de su transparencia.
Entonces ¿por qué tales proyectos de la constructora brasilera no están igualmente comprendidos en las investigaciones por el caso Lava Jato?
El problema, señala la abogada, está en que la Fiscalía solo va tras la pista de corrupción en alguna megaobra cuando algún aspirante a colaborador eficaz le proporciona información al respecto, en lugar de tener su propia línea de investigación y disponer todas las pesquisas que sean necesarias para llegar a la verdad.
Por ejemplo, afirmó que no habría ningún impedimento legal para que Jorge Barata, o cualquier otro funcionario de Odebrecht que ya está participando como colaborador eficaz en otros casos, sea investigado por el GSP, el Proyecto Olmos u otras obras que aún continúan en el ojo de la tormenta.
Según explicó la abogada penalista, la colaboración eficaz los exime de responsabilidad penal solo en aquellos casos en los que reconocen la comisión de delitos para acogerse al beneficio. Pero como en el caso del GSP no están reconociendo delito alguno, entonces debería haber fiscales prestos a ratificar o desmentir su versión.
“Pero si tenemos una Fiscalía que se va a basar solamente en lo que le diga el colaborador, entonces ¿en el tema del Gasoducto no hubo nada? Imposible. No le vamos a creer cuando dice no ahí no hubo pago de coimas. Si dice que en Chavimochic no hubo coimas, o que en Olmos tampoco hubo pago de coimas, ¿le vas a creer todo? No pues”, opinó Ampuero.
OBRA PRO IMPUNIDAD
Pero el tema del momento es sin duda el nuevo proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para reemplazar el polémico Decreto de Urgencia 003. Para la exprocuradora ad hoc del caso Odebrecht, el Congreso hace bien en tomarse su tiempo para analizar y debatir la norma, porque si no se corre el riesgo de dejar pasar algunas deficiencias y “ahí es donde se cometen los grandes errores”.
Sobre el nuevo PL, se ratificó en que el mismo otorga impunidad a las empresas investigadas ya que se dispone, por ejemplo, que Sunat no pueda ejercer contra ellas una serie de medidas coercitivas –como el embargo de cuentas– para garantizar el pago de deudas tributarias, o que no tengan impedimentos para seguir contratando con el Estado.
“Es decir, mientras que Sunat sí puede embargar tu patrimonio, el mío, para asegurarse de que nosotros sí paguemos nuestras deudas tributarias, personas que jamás hemos cometido un delito; sin embargo a Odebrecht y otras empresas corruptas y consorciadas, este proyecto de ley pretende blindarlos frente a las acciones que pueda tomar la Sunat”, criticó.
Si bien Ampuero Meza coincide en que es necesario incentivar a las empresas para que colaboren con el Ministerio Público y se puedan esclarecer los hechos de Lava Jato, ya que cuentan con información importante, afirmó que estos incentivos “de ninguna manera pueden significar impunidad para las empresas corruptas”.
Afirma por ello que se deberían regular qué beneficios puede otorgar la Fiscalía y cuáles no. Por ejemplo, opinó que se podría eximir a estas empresas de las consecuencias accesorias que están contenidas en el artículo 105 del Código Penal, como por ejemplo la disolución y liquidación de la empresa, la suspensión de sus actividades o el cierre temporal de algún local.
“Lo que sí se tiene que dejar a salvo es el tema de la responsabilidad civil, que es una atribución que compete a la Procuraduría. Y este PL del Ejecutivo le estaría dando facultades a la Fiscalía también para reducir y hasta eximir a la empresa corrupta que está colaborando con el tema de la responsabilidad civil. Esas sanciones sí las debe tener”, acotó.
Ampuero también consideró lamentable que el presidente no declare hasta ahora ante Comisión Lava Jato, como se comprometió públicamente.
PPK declarará por GSP el 3 de abril
El próximo lunes 3 de abril, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), rendirá su declaración ante la fiscalía por el caso de presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht, como integrante del consorcio al que se adjudicó el Gasoducto Sur Peruano.
El titular de la segunda fiscalía anticorrupción, Reynaldo Abia Arrieta, solicitó la declaración del mandatario en calidad de testigo.
PPK deberá responder si se reunió o no con el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Como se recuerda, el empresario, quien hoy es aspirante a colaborador eficaz en las investigaciones por las coimas brasileñas, indicó que se reunió con diversos líderes políticos durante la campaña electoral del 2010.
El mandatario había sido citado anteriormente por el fiscal Abia. Sin embargo, el mismo magistrado reprogramó la diligencia.
