Se opone pagarle s/1322 millones a constructora
El Estado peruano comunicó al CIADI su oposición al registro de la solicitud de arbitraje presentada por la constructora Graña y Montero (GyM), señalando que no cumple con los requisitos jurisdiccionales, para iniciar un arbitraje en dicha entidad.
Fuentes oficiales indicaron que GyM “no es parte del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano, por lo que no tiene legitimidad para activar la cláusula de solución de controversia”.
Como se sabe, Graña y Montero demanda al Perú por S/ 1322 millones. Perú rescindió el contrato del proyecto gasífero por corrupto.
Según las fuentes, el Estado peruano indicó que los procesos en CIADI solo están disponibles para controversias entre un Estado Miembro del CIADI y el nacional de otro Estado Miembro del CIADI, por lo tanto; una empresa peruana no puede presentar un reclamo en dicho foro. Igualmente, se indica que GyM plantea el arbitraje en contra de la voluntad expresada por el concesionario.
Entre tanto, Graña y Montero comunicó este hecho a la Superintendencia del Mercado de Valores. “Tras haberse agotado la vía de trato directo, la compañía presentó la referida solicitud de arbitraje para hacer efectivo el cobro de la deuda que mantiene el Estado a favor de Gasoducto Sur Peruano”, indica la carta. Por su parte, José Graña informó que desde febrero del 2017 ya no forma parte del directorio de GyM.
En las próximas semanas, la secretaria general del CIADI debe definir si admite a trámite la solicitud de arbitraje y se da inicio al proceso. GyM formó parte del consorcio que en febrero del 2013 se adjudicó la concesión para la construcción del Gasoducto del Sur Peruano, al lado de Odebrecht y Enagas. La firma brasileña tiene el 55% del proyecto; Enagas, el 25%; y GyM, el 20%.
