Por: Javier Valle Riestra / En el Congreso Constituyente de 1931 prevaleció la tesis del unicameralismo defendida por Luis Alberto Sánchez contra la del bicameralismo sostenida por Víctor Andrés Belaunde. Ambas tendencias proponían, empero, la funcionalización del Parlamento. Es decir que, representantes de los diversos sectores de la producción y de la cultura se constituyeran en Cámaras.
Posteriormente, en 1932, se propuso por Víctor Andrés Belaunde y M. A. Bustamante de la Fuente la composición de un Senado integrado por cuarenta miembros, en que quince serían elegidos en representación del trabajo (empleados del comercio y de la banca, empleados y obreros de la agricultura, empleados y obreros de la industria minera, empleados y obreros del transporte, artesanos y obreros de las industrias); del capital (cámaras sindicales de propietarios urbanos; cámaras de comercio; sociedades de agricultura, de minería y de industria); y de la cultura (colegios de abogados, sindicatos médicos, sociedades de ingenieros, asociación de periodistas y universidades).
Debió instalarse en 1939, pero por reformas constitucionales antidemocráticas nunca se llegó a instaurar. El APRA fue adicto a la funcionalización. En 1932 la sostuvo en un perfil unicameral. Y en los debates de entonces sobre la Cámara Funcional, Manuel Seoane decía: “Nosotros aceptamos esa Cámara funcional para el Senado, que será Cámara Revisora […] puede anticiparse que hay el propósito -al crear el Senado- de no darle la amplitud que debe tener la Cámara de Diputados.
Tal como ocurre en otros países en que se tiene esa representación funcional, el Senado va a ser propiamente un cuerpo técnico, un cuerpo revisor, sin fines políticos de ninguna clase”. Aunque Luis Alberto Sánchez se opuso inicialmente al bicameralismo, por razones lógicas, una de ellas por el poco electorado de entonces y la composición departamental de los miembros de esa Asamblea.
Sánchez sostenía la funcionalidad para el futuro inmediato dando representación primordial al pequeño comercio, al pequeño propietario, conforme al programa aprista en defensa de esos gremios; decía LAS que “lo práctico seria el régimen funcional pleno y genuino” en que funcionalmente se adapte a las exigencias económicas y sociales de la realidad.
Sin embargo, el APRA luchó paralelamente por un Congreso Económico Nacional encargado de: 1) Diagnostico socioeconómico, es decir, una proyección del crecimiento anterior para determinar los problemas futuros de la economía; 2) Planificación a largo plazo, de diez a quince años; 3) Planificación a mediano y corto plazo, de cuatro a siete años y uno a dos años, respectivamente, etc. Allí se definiría el modelo de sociedad al que debería arribar la nación.
