Por: Omar Chehade
Nuestra Constitución política en su primer artículo reconoce que: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Si lo señala en su artículo uno, significa que es primera prioridad en nuestro sistema democrático republicano. A continuación, el inciso 1, del artículo 2°, señala que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
Por tanto, se entiende que el derecho a la vida es el derecho más importante y el que abarca todo el resto de derechos, ya que sin vida no podría haber derecho a la igualdad, a la libertad, a elegir, entre otros. Por ello, estos dos artículos elevan a la persona humana al máximo grado de consideración al interior de nuestro ordenamiento jurídico, girando en torno a ella toda la producción normativa.
La norma constitucional alcanza al concebido, siendo este un sujeto de derecho, teniendo capacidad de goce para todo lo que le favorece. Es decir, goza de derechos patrimoniales como extrapatrimoniales.
En resumen, esta siempre ha sido una tradición republicana de valores cristianos universales. Sin embargo, nuevas tendencias de orden mundial hoy día amenazan socavar las estructuras jurídicas y morales en el Perú, incluso haciéndose llamar falsamente: “partidos republicanos”, promoviendo el aborto en todas sus extensiones, la legalización de las drogas, y el favorecimiento de matrimonios igualitarios, es decir, entre personas del mismo sexo, cuando está claro, que, según la ley vigente y la tradición histórica del Perú, el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Más allá de cualquier credo o postura confesional, tiene sentido esto último, ya que el fin del matrimonio (entre un hombre y una mujer) es la procreación humana que establezca una familia firme, un hogar sólido, con valores, con ética, con moral. La familia entonces, es el núcleo indestructible de la sociedad y del Estado.
Por ello, la Constitución política del Perú se encarga de establecerlo en sus primeros artículos y no en la parte intermedia o al final del texto, porque precisamente se ha encargado de priorizar su relevancia por encima de cualquier otro derecho.
En concordancia con ello, es que, en el código penal, parte especial, establece como primer bien jurídico penalmente tutelado, a la vida humana, y es por eso que, el primer delito sancionado en ese cuerpo legal es el homicidio. Respetamos el disentir de algunos, pero nos parece asombrosamente incomprensible la intolerancia de las minorías cuando tratan de imponer a rajatabla su posición.
El día en que triunfe la ideología de género disfrazado en enfoque de género, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y de las drogas tóxicas, empezará irremediablemente la era de la perversión y la destrucción de la sociedad y el Estado. Es hora que todos los peruanos juntos ¡salvemos a la familia!
(*) Candidato al Congreso por Alianza para el Progreso N° 1.
