Por: Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Ayer se confirmó la existencia de una estrategia coordinada entre el gobierno y la bancada liderada por Kenji Fujimori dirigida a la compra de votos en contra de la vacancia presidencial.
La serie de videos y audios difundidos por Fuerza Popular en conferencia de prensa generaron en más de uno la sensación de un déjà vu. Nos remitieron al año 2000 cuando se difundieron los denominados ‘vladivideos’, en los que se observaba la compra de congresistas con dinero contante y sonante.
En esta oportunidad no se veían los fajos de billetes siendo entregados, pero sí se observaba el ofrecimiento para acelerar proyectos regionales, de obras valorizadas en US$100 millones con el plus de «ganarse el 5%» y hacerse millonario sin mover un dedo, se garantizaba el manejo de las regiones, el control de presupuestos, y la designación de gerencias y subgerencias en diferentes instituciones.
En concreto, PPK estaba subastando el país a través de la bancada kenjista con el único objetivo de aferrarse al poder. Una vez más observábamos la actitud inescrupulosa de nuestros políticos con el fin de obtener réditos personales.
El parlamentario Moisés Mamani (Fuerza Popular) fue el responsable de grabar subrepticiamente las reuniones sostenidas con los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, así como con el abogado de PPK, Alberto Borea.
Pese a que el negociado con luz verde de Kuczynski es absolutamente evidente, el Ejecutivo optó por la vergonzante negación.
El argumento esgrimido anoche por la primera ministra Mercedes Aráoz tras el escándalo oscila entre lo risible y lo indignante. Afirmar que todo lo escuchado solo son fanfarronadas y que el apoyo a las regiones que ha brindado el gobierno no tiene nada de irregular es inaceptable a la luz de los hechos.
Se ha llegado a una situación en la que se hace insostenible la permanencia de PPK en el poder. Si no renuncia en las próximas horas –como es previsible-, tendrá que ser vacado el día de mañana.
Pero no todo debe quedar ahí. La Fiscalía de la Nación debe abrir una investigación de oficio de manera inmediata.
Finalmente, resulta indignante la conchudez con la que Kenji y sus secuaces tratan de justificar los negociados: solo se cumplió con una labor de representación para canalizar los intereses de los sectores más necesitados del interior del Perú. Basta ya de esta burla al país.
