Phillip Butters / El estado de emergencia decretado ayer por el Presidente Martín Vizcarra Cornejo es necesario, pero no justo. No es justo porque resulta clarísimo que en un país en donde se ha robado más de 25 mil millones de dólares solo con el tema de Lava Jato, hay que volver a decir que en Lima hay 900 mil personas sin agua, que tienen que vivir de las cisternas y barriles carísimos. Además, hay otras 500 mil personas con razonamiento de agua diario.
En una ciudad con cerca de 9 millones de personas, un millón y medio de ellas tiene escases de agua. Por eso lo de lavarnos las manos para evitar el coronavirus es una burla.
Y qué decirles de Chimbote, Lambayeque, Trujillo, Piura o Tumbes. Además, y de las comunidades del centro, sur y especialmente de la selva que no tienen agua potable.
Además, hay que sumarle el pésimo sistema de salud peruano, que no hace lo posible por combatir una epidemia de las regulares que tenemos, como tuberculosis o dengue, y mucho menos una situación tan atípica como esta pandemia mundial de Covid 19 en donde no tenemos cómo saber un diagnóstico, porque obviamente no tenemos la capacidad de atender a la gente.
Dicho esto porque el mensaje también fue un poco claro, porque el pueblo podrá salir a la calle solo a comprar lo básico para su casa y regresar.
Podrán salir a la calle con credenciales o salvoconductos, los médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, personal dependiente de tiendas como Tottus, Plaza Vea, Vivanda, Macro, etc. Me estoy refiriendo al guachimán, a la cajera, etc. porque esa gente es la que tiene que garantizar la producción y abastecimiento de bienes de consumo masivo.
Lo mismo para las empresas productoras como el Grupo Gloria, Alicorp y los que producen agua. Los empleados de quienes producen bienes y servicios tienen que poder salir a trabajar a la calle con credenciales.
La complejidad es con la gente que trabaja en aparatos públicos, por ejemplo ¿Qué va a ser el público que tiene una citación judicial? ¿Qué harán los ciudadanos que tienen una cita en algún ministerio, municipalidad o dependencia gubernamental? Eso es algo que no ha sido claro en el mensaje de Vizcarra.
Sí es obvio que en la suspensión de garantías constitucionales, los militares van a tomar las calles, y te pueden pedir documentos en cualquier momento y también ingresar a cualquier domicilio, sin necesidad de orden de allanamiento.
Cuando usted esté leyendo estas líneas en La Razón, le van a venir una serie de preguntas que serán resueltas en el transcurso del día.
La situación es alarmante porque el Perú no se puede dar el lujo de que esto se vuelva exponencial, porque simplemente la población se va a morir, ya que hay una cantidad sideral de niños desnutridos y ancianos mal alimentados.
Esto tiene que volver a llamar la atención a los votantes en las urnas, para que el Estado tiene que dedicarse a las labores principales, de salud pública y de educación pública.
Estos 15 días terminarán y los chicos regresarán al colegio, ¡Y no van a encontrar agua en los colegios! Y no sabemos las secuelas de quienes han tenido coronavirus.
Fíjense en el problema que estamos y hoy más que nunca hay que ser conscientes que el político que entró y robó a la gente, le birló especialmente a Salud y Educación, sectores cruciales en este momento para combatir el coronavirus.
Qué Dios nos coja confesados a los que no robamos, pero a los que sí “chorearon”, que ni Dios los perdone.
Una situación absolutamente extrema y con una medida extrema que todavía falta explicar.