REYNA CÁRDENAS ANDAZABAL
-Ingeniero, la licitación de Camisea se va a volver a investigar. Usted ya había señalado en aquella época que Pedro Pablo Kuczynski había incurrido en conflicto de intereses, pero el tema vuelve a cobrar relevancia a raíz del caso Lava Jato.
Ya el tema importó en aquella época, y él (PPK) siempre desvió el tema. A menudo no dijo la verdad, o porque no se acordaba bien, como él decía, o realmente no quiso decir la verdad. Pero cuando uno va escuchando sus declaraciones con el correr del tiempo se da cuenta de que son distintas, en una época dice una cosa y varios años después dice otra sobre lo mismo.
-Pero ahora cambian las circunstancias…
Sucede que hoy en día el país se queda asombrado de tantas cosas que han pasado, estas operaciones de Lava Jato, entonces es natural que uno se pregunte cómo habrán sido otras. En el caso de las denuncias sobre Camisea, el que dijo que esas condiciones eran extrañas fui yo. Yo lo dije porque he firmado los contratos originales de Camisea, y hoy en día se conocen más cosas que en esa época no se sabían.
-¿Como qué?
Por ejemplo, en esa época cómo se enfocaba el tema. Se tomaba como una decisión gubernamental, una mala decisión de la administración Toledo, que decía “hay un montón de gas y vamos a ganar más dinero exportándolo”, a pesar de que el mercado del Perú corría el riesgo de quedarse sin gas. En ese entonces PPK aparecía como ministro pro exportación, y con mucha ligereza, sin analizar bien las cosas, hizo que el gobierno diese todas las facilidades para la exportación. Cuáles fueron: cambiar reglamentos, leyes y el contrato que se firmó en la época de transición. Pero, como le digo, no se tomaba como una decisión dolosa.
-¿Y hoy se podría decir que sí fue intencional?
Con las investigaciones que ha habido actualmente, se sabe ahora que las empresas del expresidente [Westfield] firmaron un contrato con TGP, un contrato de financiamiento. Entonces, por este y otros indicios, uno se da cuenta de que el vínculo con las empresas existió antes del concurso. Incluso hoy se encuentran más declaraciones, etcétera, y uno va atando cabos, porque también PPK asesoró a Hunt [integrante del Consorcio TGP]. Y ahora resulta que, según todos estos nuevos datos, él ya estaba participando en el tema de Camisea antes de que se presentasen las ofertas.
-Además, Kuczynski formaba parte del directorio de una de las empresas del consorcio.
Claro, entonces él ya era parte interesada para Camisea. Muchos años después llegué a saber, por gente que trabajó en el Ministerio [de Energía y Minas] antes que yo llegase, que PPK se había presentado alguna vez como parte interesada por el lado de las empresas. De todo eso, uno lo que deduce es que las empresas, cuando se presentaron al concurso, ya tenían en mente exportar el gas. Y sí se podía exportar, siempre y cuando –y como parte del desarrollo de Camisea– se comenzaran a explorar los otros territorios y se encontrara mucho más gas. Pero cuando viene el contrato, en lugar de que las empresas inviertan para encontrar nuevo gas, lo que deciden es llevarse el gas que existía, que ya había descubierto la Shell. Además, en todo esto hubo una trampa.
-¿Cuál fue la trampa?
El Lote 88 [el primero en ser concesionado] tuvo reservas probadas, pero no tuvo transporte. Para eso se tuvo que construir un gasoducto, que fue garantizado por el consumidor peruano a través de un cobro en su recibo de luz. Con eso, el Lote 56 ya valía mucho más que lo que valía el 88 en su momento, porque ahí el concesionario ya iba a tener cómo sacar el gas. Cuál fue la trampa: como el contrato del Lote 88 establecía que, por seguridad, el único que podía transportar gas era su concesionario, el ganador del Lote 56 iba a tener que construir su propio gasoducto. Por eso es que hicieron un seudo concurso.
-¿A qué se refiere?
Quienes iban a concurrir a este concurso ya sabían que, de todos los interesados, uno tenía el Gasoducto, y los demás no. Entonces a ellos mismos [al Consorcio Camisea] le dieron el Lote 56, y no pagaron absolutamente nada por él. Pero además de esas ventajas hubo otra, porque cuando se adjudicó el Lote 88 el precio internacional de los líquidos del gas (LGN) estaba entre 20 y 25 dólares el barril, pero cuando se hizo el Lote 56 ya estaba entre 40 y 60 dólares el barril. Ahí estaba la rentabilidad del proyecto, en los líquidos.
-Si el consorcio se lo llevó sin pagar nada, ¿cuánto perdimos en esta operación?
Sabemos que el Lote 56 tenía reservas probadas, tenía gasoducto construido, tenía un mercado que le pagaba muchísimo más que al lote 88. Si este contrato se hubiese licitado en iguales condiciones para todos, porque finalmente el ducto lo había hecho el consumidor peruano, yo estime que eso valía por lo menos 1200 millones de dólares. Es decir el Estado perdió esa suma, lo regalo. Lo censurable del tema es quién lo regalo, y quienes firman el decreto supremo fueron los ministros de Economía y de Energía y Minas.
