Por: Edgardo Palomino Martínez / Muchos de los que venimos siguiendo el caso de corrupción en la MML consideramos que existen elementos de convicción suficientes para establecer que, durante el período 2011-2014, una supuesta organización criminal, liderada por Susana Villarán de la Puente, se habría enquistado en el gobierno de la MML.
Esta hipótesis, si bien ha sido recogida por el Ministerio Público, hoy se encuentra en tela de discusión, pues la estructura elaborada por el equipo de trabajo que dirige el Fiscal Provincial Carlos Puma Quispe estaría incompleta y sólo comprendería a dos de los integrantes de la cúpula de la asociación ilícita que habría gobernado en el municipio capitalino en ese entonces; a decir: Susana Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez.
El resto de los incorporados a dicha estructura serían meros subordinados o “soldados”, que habrían cumplido las órdenes de Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez; lo que determinaría que no se cumple con el presupuesto del mínimo de tres integrantes para que se configure el delito de organización criminal.
La organización criminal está definida por Ley como “aquella agrupación que cuenta con tres miembros o más, entre quienes se reparten tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que tenga carácter estable o tiempo indefinido, funcione de manera coordinada y tenga el propósito de cometer delitos”.
El organigrama de la estructura criminal presentada el Fiscal Puma Quispe, durante las audiencias de mayo-junio de 2019, para que se ordene la prisión preventiva de Villarán y Castro Gutiérrez, no basta para acreditar la existencia de una organización criminal.
La estructura presentada por la Fiscalía dentro de su hipótesis de crimen organizado no cumple con los requisitos esenciales exigidos por la Ley, ya que no prueba que ésta haya sido una organización clandestina con distribución de tareas y funciones con el objetivo común de cometer delitos de corrupción desde el interior de la MML; que contaba con un sistema de toma de decisiones propio; con códigos de conducta comunes; con la posesión de medios técnicos materiales y personales para la comisión de delitos; con redes de protección para asegurar su impunidad a través de su vinculación con el mundo empresarial o con la política; entre otros elementos.
En el caso de la MML, durante el período 2011-2014, existen elementos de convicción, que la Fiscalía no ha considerado, que conducen a concluir que, desde el inicio de su gestión, la exalcaldesa Villarán de la Puente, conjuntamente con regidores y funcionarios allegados a ella, habrían montado una organización criminal, de las características arriba descritas, para lucrar con las contrataciones públicas de este gobierno local.
Esta organización inicial más adelante se ampliaría con ocasión de la “Campaña por el No” durante el proceso de consulta popular de revocatoria, así como de su campaña de reelección, teniendo como razón de ser perpetrarse en el poder municipal, y lucrar de él, por medio de los sobornos y contribuciones realizados por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.
Bajo esta hipótesis la supuesta organización criminal que Susana Villarán habría dirigido como alcaldesa de Lima, entre otras, habría estado integrada por las siguientes personas, con las posibles tareas y funciones que se indican:
Susana Villarán de la Puente: quién habría sido la líder y dirigente de la organización criminal.
Marisa Glave Remy: quien habría dirigido el planeamiento y ejecución de los actos de corrupción la organización criminal.
José Miguel Castro Gutiérrez: quién habría sido el ejecutor de los actos de corrupción planificados por Glave Remy, así como cobrador y cajero de la organización criminal.
Augusto Rey Hernández de Agüero: quién habría sido el relacionista institucional o contacto “bisagra” con las constructoras brasileras corruptas, así como participación en actividades de movimiento y lavado de activos.
Anel Townsend Diez Canseco: quién, con supuesto conocimiento del origen maculados de los fondos de la “Campaña por el No”, habría dirigido ésta; y, destinado los fondos ilícitos a los fines de que la organización criminal se perpetre en el gobierno Municipal.
Paola Margot Ugaz Cruz: quién habría encubierto los ilícitos incurridos por la organización criminal para alcanzar su impunidad, así como participación en actividades de movimiento y lavado de activos.
A decir del constitucionalista Enrique Ghersi, no puede descartarse un blindaje de la Villarán y su entorno “…habida cuenta de que en el Ministerio Publico y en el Poder Judicial (…) la influencia de IDL y de la izquierda es muy grande, poco debemos descartar el hecho de no atacarla directa o indirectamente implica un respaldo implícito o tácito [a Susana Villarán]”.
(*) Abogado
