Japón ha firmado contratos para que se le suministren 120 millones de dosis de cada una de sus vacunas experimentales.
Según informó hoy el diario Nikkei, el Gobierno de Japón planea asumir el pago de las compensaciones en el país por problemas de salud asociados a la vacuna de la COVID-19, en un intento por asegurarse un suministro estable del extranjero.
Según informes, Japón ha firmado contratos con la farmacéutica estadounidense Pfizer y la británica AstraZeneca para que se le suministren 120 millones de dosis de cada una de sus vacunas experimentales, pero ambas empresas han suscrito acuerdos similares con otros países y Tokio teme que se le deje atrás.
De acuerdo con la información de Nikkei, en las negociaciones que Japón ha mantenido con hasta cinco farmacéuticas no niponas, sus representantes legales han pedido al Gobierno japonés que se haga cargo de las compensaciones por potenciales problemas de salud causados por posibles efectos secundarios de las vacunas.
Actualmente hay unas 160 vacunas potenciales en desarrollo, de las que más de 20 han empezado los ensayos clínicos, según las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Rusia ya ha aprobado una vacuna sin haber completado los ensayos finales.
Tener una vacuna aprobada y comercializada lleva normalmente de cinco a diez años, o incluso más; pero para la COVID-19 el objetivo es acortar el tiempo a aproximadamente un año, un corto período de tiempo que conlleva riesgos para las farmacéuticas ante la falta de estudios suficientes sobre efectos secundarios a largo plazo.
La seguridad y eficacia de la vacuna pueden variar en función del origen de los pacientes y las vacunas se han sometido a pruebas generalizadas en Europa y Estados Unidos, por lo que Japón teme que se produzcan efectos inesperados en su población, señaló Nikkei.
Aunque en el país asiático también se están estudiando posibles vacunas, la comercialización está prevista para más tarde, al igual que la limitación de los suministros.
