Por: Fernando Calle Hayen
El artículo 8 de la Constitución Política se refiere a la represión al tráfico ilícito de drogas, señala textualmente: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de tóxicos sociales”; en base a este artículo se ha venido combatiendo, en la vía jurídica, el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y por su magnitud el terrorismo. Así fue desde el Tribunal Constitucional hasta algunas instancias judiciales, donde sin duda se requieren serias investigaciones por -no diría la ineficacia y lentitud- un poco de desorden o descuido de algunos fiscales y/o jueces en la persecución de este ilícito mundial que tanto daño hace a toda la población y a todas las instituciones.
En casi todos los mensajes presidenciales poco se habla del narcotráfico; hay una sensación que somos un país sin este flagelo, ya que es casi inexistente en boca y escritos de quienes dirigen el país; asimismo, de la prensa escrita -hablada en algunos casos-. En los últimos cuatro períodos de Gobierno, se recuerdan mensajes como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, anular la inmunidad parlamentaria, y sobre todo el compromiso en la lucha frontal contra la corrupción.
Es importante señalar que el presidente Humala, presidente Kuczynski (también como candidato), la señora Keiko Fujimori y, en cuanto asumió la presidencia, el presidente Vizcarra, recibieron la carta notarial para que se suscriba el convenio con las Naciones Unidas para instalar en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad. No solo no vieron la necesidad de este convenio, si no que no le dieron importancia. Ahora bien, es natural que todos los peruanos se pregunten hoy, ¿tampoco el gobierno del presidente Vizcarra expresará interés alguno? Pero lo cierto es que nada sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad; la gente volverá a preguntarse, ¿será porque en Guatemala y en otros países están en la cárcel el presidente con todo su gabinete?
Ayer -como estaba voceado- el Tribunal Constitucional revocó la orden de prisión preventiva en contra del presidente Humala y señora Humala, esperamos no se utilice como precedente en beneficio de quienes están en la cola de ser investigados y procesados. Esperamos que el Ministerio Público actué con prontitud para que no se eluda la investigación de ilícitos de tanta transcendencia y no siga afectándose la moral pública y la historia de nuestro país. Sería terrible que comiencen a presentarse similares casos al mencionado y/o presidente Toledo.
En conclusión, pareciera que aquí no habrá nadie -con poder- detenido; es una forma de tratarnos a los peruanos como si fuéramos “tontos por decirlo menos” o es un gen que realmente nos rodea de permitir las cosas como están y que nunca se sancione a nadie.
La única muestra que nos ha dado el gobierno sucesorio del señor Kuczynski es que ha creado, dícese en su lucha contra la corrupción, la Secretaría de Integridad Pública (SIP), por Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, cuyas facultades más importantes son las que quizás ya tenía el organismo que ha absorbido: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Sería bueno recordarle al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República que en el gobierno del presidente Toledo se creó el “Zar” Anticorrupción; es decir, hemos pasado de Zar a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y ahora a la Secretaría de Integridad Pública. Entonces debemos preguntarnos, ¿existe voluntad en la lucha contra la impunidad?
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