Acusan que magistrados están tomando decisiones
El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, no ha sido el único, repasemos otras circunstancias en los que máximo intérprete de la Carta Magna pasó por encima de otras instituciones del Estado.
“Hay cierto abuso de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) con recursos de amparo para corregir decisiones del Poder Judicial (PJ)”. Con estas palabras, el legislador Víctor Andrés García Belaunde abre un nuevo capítulo en la novela sobre los fueros y atribuciones del máximo intérprete de la Constitución, ahora con el caso Humala-Heredia en cuestión.
Y es que es facultad constitucional exclusiva del PJ administrar justicia a nombre de la Nación, y es al que le corresponde dictaminar si a alguien le corresponde o no la prisión preventiva, como lo hizo en el caso de la llamada expareja presidencial.
Más allá del fondo del asunto, que es la culpabilidad o inocencia de Ollanta Humala y Nadine Heredia –frente a ratificaciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri; las agendas de la exprimera dama y los señalamientos contra el expresidente por el caso Madre Mía–, se debe pensar en las razones que hay en el TC para modificar algo que ya estaba resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué está pasando?
Otro que la tiene claro es el aprista Mauricio Mulder, para quien el TC está tomando una decisión meramente “política”, yendo más allá de sus fueros y sobrepasando a la acusación que en su momento presentó el Ministerio Público contra el exjefe de Estado y su esposa.
ANTECEDENTES
Esta no es la primera vez que se produce un enfrentamiento entre alguna alta institución del Estado con el TC. Para tener un poco más amplio lo que se quiere decir con la usurpación de los fueros de una y otra entidad, nos permitimos repasar algunos de los casos más escandalosos respecto a ello.
En julio de 2006, el Congreso de la República alzó la voz contra el Tribunal Constitucional, esta vez por las atribuciones parlamentarias que este se estaría atribuyendo. Esto hizo que se presente un proyecto para que el TC solo pueda legislar de manera negativa, es decir, fallar sobre la inconstitucionalidad de algo, más no en lo positivo, sin poder crear normas u otorgar derechos a otros.
El entonces, Ántero Flores-Aráoz, entonces integrante de la Comisión de Constitución del Parlamento, explicó que la propuesta no era para reducirle atribuciones al TC, sino para definir cuáles le corresponden por Ley.
“En su Art. 204, la Carta Magna dispone que con la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad de una norma, esta queda sin efecto al día siguiente de su publicación. Pero no dice que el TC la sustituye o modifica (…) Ello es competencia del Congreso, de acuerdo al artículo 102 de la Carta Magna”, explicó el jurista ese año.
Casi tres años después, en enero de 2009, otra polémica se abrió respecto al TC cuando esta institución emitiera un fallo en el que señala que “resulta desproporcionado e irrazonable despedir a un trabajador por la concurrencia a su centro laboral en estado de embriaguez si es que dicho sujeto en ningún momento incurrió en algún acto de violencia, injuria o faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, del personal jerárquico o de otros trabajadores, ni ha ocasionado daño alguno al patrimonio ni al acervo documentario del empleador”.
Esto generó la pronta respuesta del entonces ministro de Trabajo Jorge Villasante, quien consideró fuera de lugar que esa institución pretenda legislar en materia laboral, cuando las reglas ya estaban establecidas.
CON EL EJECUTIVO
El Poder Ejecutivo también tuvo su enfrentamiento con el TC, esto a raíz de un fallo del órgano constitucional que “corrigió” la disposición del Gobierno de Alan García en ese entonces (2010) que había dispuesto reducir al 0 % el arancel al cemento para facilitar la reconstrucción de Pisco, tras el terremoto de 2007.
Esto generó que el propio AGP cuestionara la actitud del TC y le recordara que existe un “artículo constitucional que dice que corresponde exclusivamente al Presidente de la República fijar los aranceles”.
En abril de 2012, el Gobierno Regional de Cajamarca también se enfrentó al Tribunal, esta vez luego que este rechazara la ordenanza regional para frenar el proyecto Conga, en ese entonces centro de las críticas.
Pero no solo contra el Congreso han sido los problemas del TC. En mayo de 2014 otras diferencias se generaron, pero esta vez contra otro organismo del sistema de justicia: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
En ese entonces el CNM interpuso un pedido de nulidad de la sentencia del TC por considerar que invadía sus fueros en la designación de fiscales supremos, contraviniendo la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo, y la Ley de la Carrera Judicial.
Algo más reciente, en agosto de 2017, el legislador Mauricio Mulder calificó al Tribunal Constitucional como un “tribunal de pacotilla”, por la resolución que declara fundada en parte la denominada ‘Ley Antitransfuguismo’, la cual buscaba evitar que los congresistas independientes formen nuevos grupos o ingresen a otros si es que fueron separados o renunciaron a sus partidos.
El aprista comparó al TC con la corte suprema de Venezuela que suplantó a la Asamblea Nacional, que es el parlamento de ese país.
