José Castillo, de ICCGSA, señala que pagó 5 millones de soles a través del hoy ministro Estremadoyro
José Fernando Castillo Dibós, de la constructora ICCGSA, habría ofrecido información sobre pagos de hasta cinco millones de soles, a través del hoy ministro Carlos Estremadoyro, por la construcción de un hospital en Moquegua.
Esa obra fue adjudicada el último mes de la gestión de Vizcarra. El 26 de diciembre del 2014 se firma el contrato por 123 millones de soles, y el 31 de diciembre se otorga el adelanto de obra por 41, 8 millones de soles.
Esta versión tendría relación con un audio de Karem Roca, en el que sindica al referido ministro de ser testaferro de Vizcarra. “¿Por qué crees que lo han puesto a (Carlos) Estremadoyro en el MTC? Te das cuenta… si él es el cajero del presidente también”, señaló la secretaria.
También se han acercado los abogados de la ecuatoriana Construcción y Administración (CASA) para ofrecer información sobre el denominado “Club de los Puentes”, que también involucraría al presidente Vizcarra.
Al igual que en el “Club de la Construcción”, en este otro club las empresas pagaban coimas para adjudicarse las obras de construcción de puentes a nivel nacional.
De otro lado, Elard Tejeda Moscoso, de Obrainsa, y los representantes de otras dos compañías constructoras han ofrecido al Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato entregar información sobre tratos ilícitos con el presidente Martín Vizcarra, en la época en que se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, del 2011 al 2014.
De acuerdo con fuentes judiciales, los otros empresarios de la construcción que han presentado solicitudes de colaboración eficaz ante el fiscal Germán Juárez Atoche pertenecerían a las constructoras ICCGSA y CASA (ecuatoriana).
Las solicitudes de colaboración eficaz se han presentado en el marco de la investigación al “Club de la Construcción”. A mediados de julio de este año, Juárez informó a los abogados de un grupo de los procesados, que desde hace un año negocian acuerdos de colaboración, que sentía que lo estaban “meciendo”.
“La información que están entregando no es relevante y voy a empezar a denegar las solicitudes de colaboración”, les habría dicho Juárez. El 21 de enero próximo, concluye el plazo de tres años de investigación preparatoria del caso y el fiscal debe decidir si formula acusación penal.
