Por Iván Torres La Torre (*)
La lucha contra la corrupción ocupa actualmente un lugar preponderante en la agenda política nacional e internacional. La Cumbre de Lima culminó con la firma de un documento con 57 puntos para combatir este flagelo. La ciudadanía exige a sus autoridades máxima transparencia y honestidad en su gestión, así como buenas prácticas y acceso a la información.
El Jefe de Estado, en el marco del discurso que pronunció en la mencionada Cumbre de Lima, declaró que una de las prioridades de su gobierno será la lucha contra la corrupción.
En este contexto, el rol de los gobiernos locales es protagónico. Son la autoridad más cercana a la población y los responsables de ejecutar las principales obras de infraestructura y de prestar los servicios que los ciudadanos demandan y requieren. Por tal razón, es importante que los alcaldes y funcionarios municipales implementen medidas concretas para prevenir y combatir la corrupción que estén acordes con las tendencias mundiales e internacionales en esta materia.
La tendencia internacional más moderna en la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas y programas de cumplimiento normativo o “Compliance”. Esta tendencia nace en el derecho anglosajón y promueve que empresas y entidades públicas activen políticas internas y mecanismos para promover la transparencia en las contrataciones, el fortalecimiento de su institucionalidad, la correcta rendición de cuentas, las buenas prácticas, la tolerancia cero ante los casos de corrupción y los mecanismos adecuados para la prevención, detección y denuncia de las prácticas corruptas que puedan producirse al interior de sus entidades.
Lo anterior implica diseñar y aplicar eficientes protocolos para regular la relación Estado – Empresa. La corrupción es necesariamente protagonizada por dos actores y la empresa privada también cumple un rol esencial en esta lucha. Por ello, es también responsabilidad de los gobiernos locales exigir que las empresas con las que contraten cumplan con los mismos estándares de prevención y lucha contra las prácticas corruptas. Solo de esta forma se logrará una verdadera reforma del Estado desde su interior, con un enfoque de respeto a los valores democráticos y cívicos y cumplimiento de las leyes de contrataciones para evitar la comisión de delitos de corrupción que cada vez serán sancionados con penas más duras.
Las próximas elecciones regionales y municipales representan el inicio de un nuevo ciclo de gestión municipal y son la oportunidad para dar el primer paso hacia el cambio que el país y el continente esperan alcanzar. Esto representa un gran reto para las autoridades y candidatos, tal es articular con los demás niveles de gobierno para implementar en sus municipalidades y regiones, los más modernos mecanismos de cumplimiento anticorrupción o “compliance” a nivel de los estándares internacionales de las grandes ciudades y Estados. Hasta próxima semana.
