PERUCÁMARAS plantea que las autoridades implementen mecanismos para asegurar el acceso a la asistencia crediticia de los pequeños agricultores.
El Perú es un país agrícola y forestal, sin embargo, el mayor dinamismo de su desarrollo en las últimas décadas pareciera que solo se ha orientado hacia la agroindustria de exportación.
La agricultura, intensiva y extensiva, tiene un papel clave en la producción de alimentos; aporta al país aproximadamente el 7,5% del PBI y proporciona ocupación al 37,8% de la Población Económicamente Activa, lo que indica no solo su importancia en la economía, sino también en la solución de uno de los más importantes problemas sociales que es la generación de empleo, orientado a asegurar la alimentación y calidad de vida, así como al aumento de oportunidades para todos los peruanos.
“En este contexto, ¿es posible que a cuatro meses de haber asignado el Gobierno un fondo de 2,000 millones de soles para el financiamiento destinado a socorrer a los agricultores afectados por las restricciones debido a la pandemia, COFIDE haya subastado hasta el momento entre las entidades financieras solo 41 millones de soles?”, cuestiona Carlos Durand, presidente de PERUCÁMARAS.
Esta suma, que equivale al 2% del total asignado, solo alcanza para dar créditos a unas 4,000 familias agrarias de los 2 millones 200 mil que viven de cultivar la tierra. Según estima la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), el agro ha perdido más de 7,500 millones de soles por la emergencia sanitaria.
“Quiere decir que unas 600 mil familias agrarias, que equivalen aproximadamente a 3 millones de personas, no tienen capital ni recursos para sembrar, lo que podría generar el desabastecimiento de alimentos en abril del próximo año, pues han perdido su capital de trabajo porque no pudieron comercializar sus productos por la falta de demanda y en algunos casos de transporte debido a la pandemia”, indicó Durand.
En ese sentido, PERUCÁMARAS y las Cámaras de Comercio Regionales plantean que las autoridades implementen rápidamente mecanismos para asegurar el acceso a la asistencia crediticia de los pequeños agricultores, que en un 98% son invisibles al sistema ya que no cuentan con RUC, pero que son unidades económicas que otorgan más del 25% de trabajo en el ámbito rural.
Además, también plantean que “con los fondos del Estado no ejecutados por los gobiernos regionales de casi 55%, los fondos no usados por el Minagri de alrededor del 60% y el 75% de fondos no ejecutados por los gobiernos locales” sean usados para que los municipios distritales compren directamente y sin intermediarios la cosecha de la primera campaña a los agricultores, así como la incorporación del comercio justo para el pequeño agricultor, entre otras medidas.
