Jorge Balbín, del frente PCD, denunció despidos de trabajadores con discapacidad
El abogado Jorge Balbín Cóndor, Coordinador Nacional del Frente de Personas con Discapacidad (PCD y Familiares) que agrupa representantes de 17 regiones del país reveló ayer que en plena crisis sanitaria se producen despidos arbitrarios contra personas con discapacidad en el Perú, por lo que el congresista Ricardo Burga de Acción Popular elaboró un pre-dictamen sobre la Ley General de las personas con discapacidad con 24 proyectos de ley que buscan modificar 32 artículos de la Ley 29973.
Jorge Balbín consideró que es conveniente modificar la ley, porque la actual Ley N° 29973 no cumple la totalidad de aspectos señalados y necesitan modificarse 9 artículos. En primer lugar planteamos que se incluya la cuota electoral para las personas con discapacidad, para que en las listas congresales, regionales y municipales haya un 10% de representantes de las personas con discapacidad.
“El Presidente de CONADIS no puede actuar, porque su cargo es de confianza y depende del Ministerio de la Mujer, por lo que pedimos se designe una persona con discapacidad. Asimismo, nuestra organización ha recibido denuncias de despidos laborales y evidencias de discriminación social en contra de mujeres y hombres con discapacidad en diversos puntos del Perú”, remarcó.
Asimismo, dijo que a pesar de que la ley los protege y el artículo 23 de la Constitución los ampara, porque incluso la Ley 29973 establece una cuota laboral de 5% como mínimo en el sector público pero que no se cumple. Por ello, plantean un artículo preciso donde se declare nulo todo despido arbitrario a las personas con discapacidad.
“Estamos pidiendo que la elección del Presidente del CONADIS sea por votación y no por designación y que sea una persona con discapacidad y que tenga mandato por 7 años y no dependa del Gobierno. También pedimos la creación de una fiscalía especializada en lucha contra la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad y los adultos mayores”, opinó.
La presente ley tiene por finalidad la aprobación de medidas para garantizar la inclusión al desarrollo y la plena participación de las Personas con Discapacidad en condiciones justas y equitativas. La Ley es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas de todos los sectores y niveles de gobierno, empresas públicas y demás organismos autónomos; así como para las empresas privadas en lo que corresponda.
