Continuación 2017 – Caso ODEBRECHT: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicó a finales del 2016, una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, donde detallaba que Odebrecht había realizado $oborno$ a FUNCIONARIO$ PÚBLICO$ DE LOS GOBIERNOS DE 12 PAÍSES, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Entre otros países aparecía Colombia.
(Es factible, que la información –así como Colombia la recibió-, hubiera llegado a cada uno de los países involucrados.)
El fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez, revisó la información con los EEUU y conjuntamente con fiscales e investigadores, detuvieron al ex vice-ministro de Transportes del Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, por enriquecimiento ilícito, cohecho, celebración indebida de contratos. GGM, había solicitado la “bobadita” de $20.000 millones, para lograr que le adjudicaran a Odebrecht una obra pública sin licitación, o sea, excluyendo a otros competidores. El Departamento de Justicia norteamericano, estableció, que entre el 2009 al 14, nuestros ilu$tre$ $ervidore$ recibieron la coima de $33.000 millones. Otro personaje que se benefició de la “piñata” de Odebrecht, fue el ilu$tre $enador Otto Nicolás Bula. Odebrecht lo contrata específicamente para que de alguna manera, “sea como sea” consiga un contrato, para una constructora en la cual Odebrecht era socia. El brillante $enador, logró el contrato $in que el proyecto fue$e $ometido a Licitación. En este capítulo, la coima fue de $14.000 millones. 5 personas más quedaron implicadas, entre ellas lo$ ilu$trí$imo$ $enadores Bernardo “El Ñoño” Elías y Plinio Olano
(Se ha estado investigando, si Odebrecht financió las campañas de los candidatos a la presidencia en el 2014, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga).
Otro de los cargos al flamante $enador Bula, fue la entrega de un apartamento en zona de alto nivel, al Fiscal anticorrupción Rodrigo Aldana.
(¿Hasta dónde llegan lo$ tentáculo$ de esta Odebrecht, comprando conciencias, para robar los dineros de obras sociales, a los verdaderos dueños de la plata, las poblaciones de los 12 países cuestionados? ¿Cómo es posible que una empresa de esas condiciones, éticas y morales, pueda seguir operando y “licitando” a punta de sobornos en los 12 países, después de haber mancillado la moralidad de los mismos?
Escándalo Secretaría de Movilidad de Medellín: La Fiscalía General, capturó a 15 Tramitadores privados y 2 Inspectores de Tránsito, por falsificar y alterar infracciones de tránsito, licencias de conducir y seguros para accidentes de tránsito, a cambio de dinero. Estaban siendo seguidos desde el 2014. Se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que oscilan entre 8 y 12 años de prisión.
Escándalo en Coljuegos: La entidad encargada de los juegos de azar. Máquinas tragamonedas, que estaban dadas de baja, las volvieron a poner en servicio, cuando debían haberse destruido. La “tumbada” al Estado, fue de $2.000 millones. 31 órdenes de captura, de ellas, 8, contra funcionarios de Coljuegos.
Escándalo de Corpourabá: Es una entidad que ejerce como Autoridad Ambiental. 3 ex empleados, se habrían apoderado de $2.700 millones. Una denuncia por malos manejos, dio lugar a todo el episodio. También hay Orden de Captura contra la ex tesorera de la entidad.
Caso Sandra Bonilla: Condenada a 90 meses de prisión, por peculado por apropiación, a la ex tesorera Sandra Bonilla, de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Suroccidente, además de una multa por $400 millones de pesos. Transfirió más de $800.000 millones, a cuentas de sus familiares entre el 2008 al 2014. Otras personas fueron condenadas a penas de entre 35 a 50 meses de prisión y multas entre $20 y $160 millones por complicidad en los delitos.
Caso Judy Pinzón: Judy Pinzón. Vinculada a la empresa FUNDESCO (Fundación para el Desarrollo Sociocultural, Deportivo y Comunitario). A través de sus “palancas”, como ex concejal, logró contratos superiores a los $4.300 millones con 5 alcaldías menores, con contratos, falsos, como: Instalación de equipos de cómputo, Campañas de Prevención contra la Violencia, Celebración del Bicentenario de una Alcaldía Menor. Fue condenada con 2 ex concejales más, a 6 años de presidio y a 20 años de inhabilidad, para ocupar cargos públicos, ya que en su época de concejal, recibió $100 millones, para modificar el Código de Policía, permitiendo las ventas ambulantes.
