Expresidente de la Sala Penal Antitrrorismo
El Estado no podía seguir siendo empleador de terroristas ni de personas que cometen actos aberrantes, opinó el expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo, Marcos Ibazeta, al saludar la iniciativa para prohibir que condenados por terrorismo y otros delitos laboren en el sector estatal.
Sostuvo que era incompatible que delincuentes y “lacras” que pretendieron destruir al Estado y al sistema democrático trabajen en la esfera pública, y agregó que para evitarlo ni siquiera se requería una norma, sino la simple aplicación de “una lógica esencial”.
“Un contrato laboral es una manifestación de voluntad de dos partes y se rige por los principios de buena fe y confianza. Entonces, cómo es posible que el Estado, como empleador, contrate a aquellos que no le inspiran confianza”, aseveró Ibazeta.
