Un informe revela que nueve instalaciones en el estado incumplen las normas federales.
Un reciente informe publicado el 26 de agosto por una coalición de defensores de los derechos civiles ha sacado a la luz serias irregularidades en nueve centros de detención de inmigrantes en Luisiana, Estados Unidos. La investigación, liderada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y que abarcó 59 visitas entre 2022 y 2024, denuncia el incumplimiento sistemático de las leyes federales y de derechos humanos en estas instalaciones.
El informe detalla una serie de abusos y condiciones inhumanas que afectan a los detenidos, incluyendo agresiones físicas, abusos sexuales, y la negación de medicamentos esenciales para enfermedades como la epilepsia y la diabetes. Además, se señala la falta de acceso a productos de higiene femenina y otras necesidades básicas, lo que agrava la situación.
Según el estudio, realizado a partir de entrevistas con más de 6,200 detenidos, los abusos incluyen el uso indebido de grilletes dentro de los centros, largos períodos de aislamiento y alimentos contaminados por cucarachas en instalaciones gestionadas en un 98% por compañías privadas. Estas condiciones deplorables se dan en un contexto donde la mayoría de los centros están ubicados en áreas rurales, alejadas de la supervisión legal y del contacto con familiares.
Luisiana, con más de 6,000 inmigrantes detenidos, es uno de los estados con la mayor concentración de centros de detención en el país, solo superado por Texas. Notablemente, el estado alberga la única cárcel del ICE en Estados Unidos que está directamente conectada a un aeropuerto, lo que intensifica las preocupaciones sobre el manejo y el tratamiento de los detenidos.
Sarah Decker, coautora del informe y abogada de Robert F. Kennedy Human Rights, expresó en un comunicado que las pruebas acumuladas respaldan las demandas de cierre de las instalaciones del ICE en Luisiana, destacando las «historias horribles» que se han corroborado a través de una amplia documentación.
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Andrew Perry, abogado de la ACLU en Luisiana, denunció que la detención de inmigrantes ha sido transformada en «una máquina de ganancias» que explota tanto a los solicitantes de asilo como a los residentes de larga data. Perry subrayó que es imperativo cerrar estas instalaciones para proteger los derechos humanos y detener las violaciones en curso.
