Expulsan a 165 extranjeros

Por vulnerar legislación migratoria de Perú

Estos extranjeros estarán impedidos de ingresar al país por 10 años

La Superintendencia Nacional de Migraciones sancionó en lo que va del Gobierno a 942 extranjeros por violar la legislación migratoria, y dispuso, en la mayoría de los casos, la salida obligatoria del país de estas personas con impedimento de retorno al territorio nacional.

Migraciones precisó que la expulsión se dictó para 165 foráneos por infracción grave a la legislación migratoria; de ellos, 100 recibieron esa sanción producto de los atestados elaborados por la Policía de Extranjería, en el marco de los operativos hechos por la Policía Nacional. Otros 79 extranjeros fueron también expulsados de Perú en cumplimiento de un mandato judicial.

Estos extranjeros estarán impedidos de ingresar al país por el periodo de 10 años, si fueron sancionados al amparo de la Ley de Extranjería y el Decreto Legislativo 1236, o por 15 años, si se les aplicó la nueva Ley y Reglamento de Migraciones, vigente desde el 1 de marzo del presente año.

Asimismo, en 442 casos se dictó la salida obligatoria del país para foráneos que se encontraban en situación migratoria irregular.

Con la entrada en vigencia de su nueva ley y reglamento, que derogaron la Ley de Extranjería y el Decreto Legislativo 1236, Migraciones ha fortalecido sus capacidades de fiscalización y sanción, incluyendo la aplicación de multas para desalentar las infracciones a la legislación migratoria.

En ese sentido, se elevó de 10 a 15 años el impedimento de ingreso al país de los ciudadanos extranjeros que incurran en causal de expulsión, a quienes además se les impondrá el pago de una multa por la falta cometida.
Con esta legislación migratoria pueden ser objeto de expulsión los foráneos que realicen trámites migratorios mediante la presentación de documentos o información falsa, no cumplir con la salida migratoria, haber ingresado al país pese a tener impedimento de entrada, atentar contra el patrimonio cultural, realizar actividades que alteren el orden público, por mandato judicial y tras cumplir condena judicial.

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