Un escándalo. En el acuerdo secreto con Odebrecht el equipo Lava Jato, integrado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, se aceptaron los caprichos de la constructora brasileña para que la fiscalía peruana no presente medidas cautelares en el Poder Judicial en su contra.
Sin embargo, no les exigieron lo mismo a los directivos de la empresa corrupta, quienes acabaron de denunciar al Perú por 1,200 millones de dólares por la cancelación del Gasoducto Sur Peruano, el cual fallaría en contra del Estado peruano.
El Gasoducto Sur Peruano fue adjudicado por más de 7.000 millones de dólares en junio de 2014, en una licitación que originó una investigación por la presunta comisión de delitos de colusión y negociación incompatible por parte de Heredia.
Barata aseguró que Heredia gestionó y coordinó diversas reuniones para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de las obras del proyecto.
Meses antes, Odebrecht reconoció «pagos ilícitos» para adjudicarse el proyecto Gasoducto durante el gobierno de Humala en un acta firmada con la fiscalía peruana y que determina su culpabilidad.
Esta investigación es paralela al caso que se sigue contra Humala y Heredia por varios delitos relacionados con el lavado de activos, por los que la Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel a Humala y 26,5 años para Heredia.
El exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata detalló en un interrogatorio en Brasil con la fiscalía peruana las «reuniones» con Heredia para la licitación del proyecto Gasoducto durante el gobierno de su esposo.
Hace unos días ante la inoperancia de los fiscales del equipo Lava Jato para cautelar los intereses nacionales, la empresa española ENAGAS, socia de Odebrecht en el fallido mega proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) ganó el arbitraje planteado al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$ 194 millones más intereses, menor a los US$ 505 millones que solicitaba. El Laudo nos obliga, además, a pagar las costas procesales.
Queda en espera en el tintero un segundo reclamo de Transportadora de Gas del Perú por dividendos congelados por US$ 400 millones.
Pero, lo más grave es que esta victoria, abre las puertas al reclamo planteado por Odebrecht al Perú cercano a US$ 1.200 millones, gracias a que el Fiscal José Domingo Pérez, así como el procurador Jorge Ramírez, se olvidaron de colocar en el hasta ahora misterioso Acuerdo de Colaboración Eficaz Judicial (ACJ), la cláusula que se estila, que prohíbe a la empresa o individuo que reconoce un delito, accionar algún reclamo contra el estado perjudicado, como si la colocaron en los acuerdos de colaboración posteriores.
La mayor obra de Odebrecht en el Perú fue el GSP por US$ 7.328 millones, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) paralizó, provocando el enojo de los brasileños, que entregaron en represalia, al Congreso, los recibos de PPK que le había pagado la constructora por consultorías.
Curiosamente el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña se limitó a colocar dos megaproyectos (Interoceánica y Línea 1 del Metro) declarados por Odebrecht dos años antes, así como las coimas a Alejandro Toledo, ante la justicia de los EEUU y para embellecer la supuesta negociación colocaron dos vías menores regionales de US$ 100 millones cada una (Callao y Cuzco).
Todo fue ilegal
Por su lado, la exprocuradora Katherine Ampuero afirmó que el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato actuaron de manera ilegal cuando firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht en el 2019.
En la negociación las autoridades peruanas aplicaron una cláusula progresiva que no está contemplada en la norma. Este hecho fue reconocido por una de las firmantes del acuerdo la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión.
“Si bien es cierto, la norma no dice se tiene que fijar una cláusula de progresividad en las colaboraciones corporativas, sin embargo, en los principios del cuaderno o del proceso de colaboración eficaz, implican que el consenso y la negociación es lo que rige estos procesos especiales”, aseguró Carrión.
Ante ello, indicó que dicha cláusula no tiene sentido ni amparo en la legalidad, ya que la ley indica que los beneficios de la colaboración eficaz se entregan por la calidad de información.
“La cláusula de progresividad es un invento porque no existe en la ley. Consiste en que la empresa iba a reconocer más hechos ilícitos en un futuro, ya que en el documento solo fueron por cuatro obras. Progresivamente nos iban a entregar información o reconocer delitos en casos como el gaseoducto del sur u otras investigaciones (…) O sea, una información futura e incierta que iban a dar los directivos de Odebrecht y la norma te indica que debe ser información entregada y corroborada. De ninguna manera puede ser información futura e incierta”, refutó la exprocuradora.
Asimismo, recalcó que pasaron cinco años rumbo al sexto y los directivos no han reconocido ningún otro hecho delictivo, solo se cerraron en cuatro obras (Interoceánica Sur [Tramos II y III], Línea 1 Metro de Lima [tramos I y II], Costa Verde Tramo Lima-Callao y avenida Evitamiento Cusco).
“No reconocieron pagar coimas en ninguna otra obra como el gasoducto del sur, ni rutas de Lima, ni de Olmos, ni en ninguna otra. Seis años donde la famosa cláusula progresiva sirvió únicamente para beneficiar a Odebrecht. Supuestamente nos iban a dar los nombres de todos los funcionarios corruptos, periodistas y otros investigados, pero eso nunca pasó”, agregó.
