Denuncia fue hecha por José patricio burga peralta y Roberto Carlos cabrejos Alarcón. Juez es acusado por otorgar medida cautelar en tiempo récord a favor de sentenciado por estafa y usurpación de funciones.
Representantes de los acreedores laborales de Agropucalá SAA advierten de irregularidades en proceso.
El juez provisional del Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo, Juez Pedro Juan Guerra Mescua afronta una grave acusación de corrupción realizada por los . Se le cuestiona por haber admitido con inusitada celeridad una demanda de amparo y otorgar una medida cautelar que benefician al cuestionado abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, en la disputa por la administración de la azucarera Agropucalá SAA de Lambayeque, sin ser competente para conocer el proceso.
El caso
Se trata del proceso de amparo N° 2055-2023 planteado por el abogado Juan Saúl Vera Timoteo ante la Corte de Lima Este. Con la finalidad de que se anulen diversas resoluciones expedidas por el Ministerio de Trabajo en el procedimiento de elección de los representantes de los acreedores laborales de Agropucalá SAA.
En dicho procedimiento los órganos competentes del Ministerio de Trabajo determinaron que se había designado ilegalmente al abogado Edmundo Gálvez Rodríguez como supuesto representante de los acreedores laborales de dicha compañía.
Por dicha razón anularon su irregular designación. Y seguidamente procedieron a formalizar la elección de los dirigentes azucareros José Patricio Burga Peralta y Roberto Carlos Cabrejos Alarcón. Quienes fueron elegidos en un nuevo proceso eleccionario.
Sin embargo, a pesar de que dicha elección no fue impugnada dentro del plazo legal por ninguna de las partes, y que el cuestionado abogado Edmundo Gálvez Rodríguez había planteado una demanda contencioso administrativa ante el 26° Juzgado de Trabajo Permanente de Lima contra su remoción, el abogado Juan Saul Vera Timoteo dirigió una nueva demanda al Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo a cargo del cuestionado juez provisional Pedro Juan Guerra Mescua con el mismo propósito.
Justicia express
Sospechosamente dicha demanda fue tramitada en tiempo récord por el juez Pedro Juan Guerra Mescua. En menos de 24 horas de ampliada, la admitió a pesar de que el Juzgado de Lurigancho no era competente para conocer el caso. Porque el demandante domicilia en Lambayeque y la entidad demandada tiene su sede en el distrito de Jesús María.
El juez Pedro Juan Guerra Mescua tampoco tuvo en cuenta que la resolución cuestionada en la demanda había sido expedida tres meses antes. Por lo que el plazo para presentar la demanda había vencido, a pesar de lo cual la admitió sin notificar a los verdaderos representantes de los acreedores laborales. Tramitando el expediente a espaldas de los afectados José Patricio Burga Peralta y Roberto Carlos Cabrejos Alarcón.
En el mismo expediente el juez Pedro Juan Guerra Mescua concedió una medida cautelar en menos de 72 horas de hábiles de presentada. Suspendiendo la representación de Burga Peralta y Cabrejos Alarcón, y los efectos de la resolución que anuló el ilegal reconocimiento de Gálvez Rodríguez.
Invasión de funciones del MTPE
Insólitamente el juez Pedro Juan Guerra Mescua también prohibió al Ministerio de Trabajo que realice cualquier acto de ejecución de las resoluciones suspendidas. Impidiendo que dicha entidad pueda ejercer las atribuciones que les otorga la Ley en materia laboral.
Dichas resoluciones han causado gran indignación entre los acreedores laborales de la empresa Agropucalá SAA, representados por José Patricio Burga Peralta y Roberto Carlos Cabrejos Alarcón. Ellos acusan al juez Pedro Juan Guerra Mescua de estar presuntamente inmerso en actos de corrupción. Esto por haber utilizado indebidamente su cargo de juez provisional para conceder medidas cautelares fuera de sus competencias en perjuicio de cientos de acreedores afectados.
Parcialización y retraso
Sospechosamente la inusual celeridad del juez Pedro Juan Guerra Mescua no ha sido aplicada para tramitar los recursos de apelación presentados contra la irregular medida cautelar dictada. Pues según el reporte del expediente, desde el 14 de junio fueron presentados dos apelaciones que siguen sin resolverse hasta la fecha.
Asimismo, los acreedores laborales afectados hicieron un llamado a la Presidenta de la Corte de Lima Este, Dra. Rose Mary Parra Rivera de González para que cumpla su palabra de luchar frontalmente contra la corrupción. Y solicitaron que se adopte las acciones necesarias para evitar que el juez cuestionado continúe afectando la correcta administración de justicia con acciones irregulares. Más aún si su permanencia en el cargo ha sido avalada por la titular de dicha Corte.
Finalmente anunciaron que esta semana iniciaran acciones de protesta ante la Corte de Lima Este y la OCMA exigiendo se ponga fin al ruleteo de medidas cautelares express en torno al caso de la azucarera Agropucalá.
