ADEX: autonomía de instituciones tutelares no debe ser soslayada

“Es lamentable que a la Fiscalía de la Nación, que debe luchar contra corrupción, le reduzcan presupuesto en 69%”, señaló Julio Pérez Alván.

por | Oct 10, 2022 | Actualidad

“Es lamentable que a la Fiscalía de la Nación, que debe luchar contra corrupción, le reduzcan presupuesto en 69%”, señaló Julio Pérez Alván.

Ante la preocupación de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, sobre la reducción significativa de su presupuesto del próximo año, la Asociación de Exportadores (ADEX), enfatizó que es deber del Estado fortalecer a las entidades públicas tutelares y velar por su autonomía, pues de esa manera se consolida la institucionalidad del país.

La semana pasada, la representante de la Fiscalía de la Nación, indicó que el presupuesto planteado para el 2023 ascendía a S/ 8 mil 937 millones, pero se le aprobó S/2 mil 786 millones.

En opinión del presidente del gremio exportador, Julio Pérez Alván, la independencia de las instituciones públicas es consagrada en la Constitución Política del Perú, por lo cual no debe ser soslayada ni puesta en riesgo ya que también golpea la gobernabilidad y entorpece la consolidación de la democracia y el avance en materia económica.

“Es lamentable que a una entidad que tiene como atribuciones luchar contra la corrupción se le haya reducido el presupuesto en 69%. En la práctica se le restará la eficiencia en su actuar contra el delito”, comentó

Los hechos de corrupción y las malas decisiones en materia de políticas públicas retrasan muchos proyectos de impacto social, laboral y económico, perjudicando principalmente a los peruanos más vulnerables –continuó– y debilitan la confianza de los agentes económicos, frenan las inversiones y las oportunidades de crecimiento.

Precisó que la Fiscalía de la Nación debe preservar su autonomía y permanecer alejada de presiones o campañas de desprestigio que debiliten su reputación.

“En julio pasado el contralor general de la República, Nelson Shack reveló que en el 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en S/ 24 mil 262 millones 965 mil, recursos que pudieron haberse destinado a la construcción de hospitales y escuelas”, concluyó.


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