El juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca admitió a trámite la apelación de la excongresista del Apra, Luciana León, por el allanamiento a su vivienda en Miraflores y sus oficinas del Parlamento.
Las diligencias se llevaron a cabo el 22 de octubre. Tres días después, León presentó el recurso de apelación con el cual solicitó la nulidad de lo actuado por el Ministerio Público.
La integrante de la Comisión Permanente ha solicitado “que no se utilice ningún bien, documento, información o data digital incautada» en el proceso judicial que se le sigue.
Además, sostiene que la intervención de su vivienda y de su despacho congresal fue ilegal, por ser ella una alta funcionaria.
“Esta disposición no es aplicable a los funcionarios mencionados en el primer párrafo del Artículo 93 de la Constitución”, indica el petitorio. Esa norma indica que los congresistas “no pueden ser procesados ir presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente”.
Además, pide que se “elimine toda la información y data digital asegurada» y se deje sin efecto el levantamiento al secreto de las comunicaciones y la resolución que autorizó las diligencias. La apelación de León irá a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde será resuelta.
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TC admite demanda competencial contra la disolución del Congreso
Ponente Carlos Ramos pide al Ejecutivo responder con prontitud demanda. Olaechea y PCM dicen que respetarán decisión final. El Tribunal Constitucional decidió, por unanimidad, admitir a trámite la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, a nombre del Congreso disuelto. La resolución será publicada el 4 de noviembre en su página institucional.
Además, en esa misma sesión se decidió declarar improcedente la medida cautelar que presentó Olaechea para suspender los efectos del Decreto Supremo 165-2019-PCM que disolvió el Congreso el pasado 30 de setiembre.
De este modo, el Parlamento continuará bajo los efectos de la disolución y solo seguirá operando la Comisión Permanente.
La decisión fue tomada por mayoría. En contra votaron los magistrados Carlos Ramos Núñez, Manuel Miranda Canales (vicepresidente), Marianella Ledesma Narváez, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa. Mientras que el presidente del TC, Ernesto Blume y el magistrado José Luis Sardón se pronunciaron a favor de la medida cautelar.
ELECCIONES
El magistrado Carlos Ramos, encargado de realizar la ponencia del caso, explicó que el Poder Ejecutivo tiene 30 días calendario para emitir sus descargos respecto a la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.
En ese sentido, exhortó al Poder Ejecutivo a pronunciarse a la brevedad a través de los procuradores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Justicia, a fin de fijar la fecha de la próxima audiencia –a realizarse en Arequipa- en el más breve plazo.
“Exhortaríamos que el Poder Ejecutivo haga una contestación de la demanda: breve, oportuna, yo diría incluso diligente. Creo que lo mejor para el país es que evite pronunciarse o contestar la demanda muy tarde”, señaló.
De otro lado, Ramos sostuvo que las elecciones congresales convocadas para el 26 de enero del próximo continúan su marcha, al comentar el rechazo de la medida cautelar presentada por Olaechea.
Respecto a dicha decisión, Ramos declaró a la prensa que “la razón principal era porque podía ponerse en riesgo de alguna manera el calendario electoral, situaciones que tenían que ver con el manejo político electoral y la agenda del país”.
PRECEDENTE
En tanto, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ha señalado que respetará la decisión del Tribunal Constitucional respecto de la demanda competencial que planteara hace algunas semanas.
«Como presidente del Congreso de la República, aceptaré la decisión que se tome (en el Tribunal Constitucional), ya que habré respetado mi juramento: hacer cumplir el texto constitucional», sostuvo Olaechea.
Además, consideró que la decisión de los tribunos sentará un precedente importante. Afirmó que el TC dilucidará los cuestionamientos al argumento de Vizcarra para disolver el Legislativo, amparado en una «negación fáctica» de la cuestión de confianza.
«Aceptar el quiebre arbitrario del orden constitucional implica, ad portas del bicentenario, admitir un fracaso más en nuestra vida política y el colapso de nuestra democracia tras 25 años en orden», expresó.
Olaechea manifestó que la eventual decisión del TC “nos permitirá mirarnos ante la historia como una nación que supo resolver sus problemas por medio de sus instituciones y la ley”.
RESPETARÁN
Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró que respeta las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), luego que este último aprobara por unanimidad admitir a trámite la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea como presidente del Congreso en contra de la decisión del Gobierno para la disolución del Parlamento.
“Como Ejecutivo reiteramos nuestro respeto a las decisiones del TC, las mismas que son clara muestra de que el Estado de derecho y la democracia están plenamente vigentes en nuestro país”, escribió la PCM en un mensaje difundido por Twitter.
“Siempre nuestro actuar ha estado dentro del marco de la Constitución”, añadió el Consejo de Ministros.
