El joven investigado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial tras dictarse nueve meses de prisión preventiva

La mañana del 5 de marzo de 2026, Adrián Villar Chirinos, de 21 años, fue llevado enmarrocado y trasladado  hacia la Junta de Calificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ubicada en el penal de Ancón, donde se determinará a qué establecimiento penitenciario será enviado luego de que un juez ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra. La medida fue dictada en el marco de la investigación por el fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro, en el que la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano murió tras ser atropellada.

La resolución del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria consideró que existen graves y fundados elementos de convicción, así como riesgo de fuga y de posible obstaculización de la investigación, por lo que acogió el pedido del Ministerio Público para imponer la medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.

Villar permanecerá inicialmente en la sede policial de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional del Perú en La Victoria, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) evalúe su perfil y defina el penal en el que será internado para cumplir la prisión preventiva hasta noviembre de este año.

El caso ha generado gran atención pública debido al impacto mediático del accidente, en el que la fiscalía le atribuye a Villar los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. La defensa ha anunciado además que presentará un recurso de apelación contra la orden judicial, calificándola como “ilógica”, especialmente en cuanto a la valoración del arraigo domiciliario de su patrocinado.

Mientras tanto, la familia de Marzano —quien era seleccionada nacional en disciplinas acuáticas— y sus representantes han expresado su conformidad con la decisión judicial, aunque recalcan que la prisión preventiva no constituye una condena definitiva sino una medida para asegurar el desarrollo del proceso.

La designación del penal por parte del INPE será un paso clave antes de que Villar inicie formalmente la medida restrictiva de libertad en un establecimiento penitenciario, y marca una etapa importante en el caso que ha mantenido en debate público cuestiones de responsabilidad, sanción y justicia en accidentes de tránsito con víctimas mortales.