A 4 días hábiles del fin del actual Gobierno
Personal de la alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) advirtió una serie de irregularidades en la salida de Manuel Montes Boza del cargo de jefe de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), lo que habría generado la desestabilización de la institución.
El último sábado, el sector oficializó la Resolución Suprema 140-2026-JUS, con la que se aceptó la supuesta renuncia de Montes Boza al cargo. Sin embargo, fuentes del Minjusdh acreditaron, con documentos, que el ahora exjefe de la Sunarp no presentó renuncia al cargo en la actualidad, sino en febrero, ante la llegada del nuevo ministro, como un acto de cortesía ante la nueva gestión, siendo irregular que hoy se valgan de este documento para cesarlo.
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Además, llama poderosamente la atención que esta salida se haya dado a solo cuatro días hábiles para el fin del actual gobierno y el ingreso de la nueva gestión, liderada por Keiko Fujimori, lo que deja aún más dudas sobre el verdadero interés en cesar a un profesional que ya se había consolidado en esta institución encargada de la protección de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica del país.
En documentos emitidos por representantes de la Sunarp, se exige una revisión del proceso para garantizar el respeto de los principios de transparencia y seguridad jurídica que deben regir la administración pública, ya que cualquier modificación en su máxima dirección debe realizarse con criterios de legalidad, objetividad e institucionalidad.
Por ello solicitan a los congresistas electos que incorporen este caso dentro de sus primeras acciones de control político una vez iniciado el nuevo período parlamentario. También pidieron que se impulse una auditoría de gestión que permita evaluar tanto los resultados de la administración saliente como la regularidad del procedimiento mediante el cual se produjo el cambio de jefatura.
De esta manera, aseguran, se podrá fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y a garantizar que las decisiones sobre la conducción de entidades técnicas respondan al interés público y no generen dudas sobre su transparencia.
