Al descubierto otra sentencia contra las libertades de expresión e información en el Perú

Periodistas Valdivia y Alvarado condenados a un año de prisión suspendida por un caso parecido a sentencia contra Acosta y Pimentel

por | Ene 12, 2022 | Política, Titulares

Periodistas Valdivia y Alvarado condenados a un año de prisión suspendida por un caso parecido a sentencia contra Acosta y Pimentel

El fallo  judicial del juez, Raúl Jesús Vega, que condena a dos años de prisión suspendida por un año de observancia de reglas de conducta al periodista de investigación, Cristopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel, por publicar el libro “Plata como cancha”, por contener supuestos agravios con el empresario y líder del partido Alianza para el Progreso (APP) César Acuña, no es el único que ha puesto en peligro la libertad de expresión e información en el Perú.

Se encuentra en giro otra denuncia contra el exdirector del diario “La Razón”, Martín Valdivia, y el periodista de investigación, Víctor Alvarado, a los que, primero la exjueza del 43 Penal para Reos Libres de Lima, Niño Palomino de Villarreal (recién reemplazada por el Jonathan Walter Pacherrez Lumbre) y luego la 8ª. Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, han impuesto un año de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de S/ 50,000, por el supuesto delito de difamación agravada en agravio del empresario José Eduardo Castillo Carazas.

La publicación

La supuesta difamación, según Castillo Carazas, estaría contenida en la publicación de “La Razón”, del martes 09 de abril del 2019 con el titular de “Mafia lava $ 1,200 millones”. Fiscalía denuncia a banda que operaba en la Bolsa de Valores”, donde se daba cuenta de una gigantesca  operación fraudulenta de sustracción de recursos de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), a través de un fondo que habría transado  sus títulos o bonos con la activa participación de determinadas Sociedad de Agente de Bolsa peruanas.

Al igual que en el primer caso, donde el juez Vega condena a Acosta y Pimentel por haber reproducido en el libro “Plata como cancha”, versiones de terceros, consideradas supuestamente difamatorias, en este juicio abierto contra Valdivia y Alvarado, ambos son condenados por haber difundido versiones de terceros, la supuesta implicancia del Castillo en la banda de lavadores de dinero “Los Boliburgueses”, desbaratada en Miami, EE.UU., en el año 2014, por la Drug Enforcement Agency (DEA).

Prensa estadounidense

Esta información fue ampliamente difundida por la prensa estadounidense en la que se precisó las responsabilidades de los colombianos Gustavo Adolfo Pacheco Angulo, actualmente detenido en la cárcel de Miami, y Darío Pacheco Angulo, ahora prófugo, quienes según los jueces lideraron una megaoperación fraudulenta en la que habría tenido participación de las SAB Cartisa Perú y SAB CA Perú, lideradas por Castillo Carazas

La Corte Federal de Miami Sur, pidió al Ministerio Público del Perú investigar las implicancias de José Eduardo Castillo Carazas, al que se menciona que habría actuado en coordinación con su cliente Ezeli Internacional Lda., pieza clave en el fraude.

Según la investigación de la DEA, Ezeli, creada por Trident Trust Co. de propiedad de los colombianos Hernández y Pacheco, fue utilizada como fachada para realizar la transferencia de Bonos compradas a la SAB ONT Venezuela, la que desde Caracas canalizó la salida de los dineros a los países donde operaban las Bolsas manejadas por la banda, entre ellas aparentemente las SAB Cartisa Perú y SAB CA Perú, de Castillo Carazas.

Interviene Fiscalía peruana

El Ministerio Público del Perú encargó en el 2015 la investigación a la 1ª. Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a cargo del fiscal superior, doctor Marcos Villalta Infante, y este a su vez la derivó al Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos de Lima.

Pero, esta fiscalía resolvió hasta por dos veces “no ha lugar a formalizar denuncia penal contra los colombianos Gustavo Hernández Frieri, Darío Pacheco Angulo y el peruano José Eduardo Castillo Carazas, así como contra las personas jurídicas EZELI INTERNATIONAL LTD., SAB CARTISA PERU S.A. Y SAB CA PERÚ, por la presunta comisión de lavado de activos, en sus modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado”.

Como era de esperarse, el fiscal superior Villalta Infante anuló estas resoluciones. Su último dictamen (Carpeta Fiscal 254-2015), de fecha 26 de marzo del 2019, le ordenó  la formalización de la investigación contra los denunciados por la Corte Federal de Miami Sur y actuar un sinnúmero de pruebas, entre ellas la petición de asistencia jurídica internacional al Tribunal de Florida (EE.UU) para que remitan informaciones  sobre la transferencia fraudulenta de bonos de la PDVSA a las SAB mencionadas.

Luego, el Ministerio Público, ha mantenido una reserva severa y no se ha podido obtener un informe sobre el avance o final de la pesquisa.

Jurista Jorge Hugo

El jurista Jorge B. Hugo Álvarez, ha interpuesto un recurso de amparo en favor del periodista Alvarado, en el que sustenta que los fallos contra los periodistas no toman en consideración la libertad de prensa y las reglas establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica.

“Se trataba de hechos noticiosos ciertos. Un hecho noticioso relevante y comprobable (Test de veracidad), de lo contrario ningún medio de comunicación social podría informar de asaltos, robos, estafas, etc., porque, se estaría afectando el honor del sujeto a investigación”, dijo.

El letrado Hugo advierte que el  Tribunal Constitucional, en su sentencia (Exp. 0905-200 1-AA/ TC), caso Caja de Ahorro y Crédito de San Martín contra la emisora Radio Imagen y dos de sus periodistas, estableció que «(l)a libertad de expresión garantiza que las personas (individual o colectivamente consideradas) puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones ( … )”, como han hecho Valdivia y Alvarado.

Convención Americana

A renglón seguido, señaló: “La libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente ( … ).

También, resaltó que la Convención Americana de DD.HH., ha resuelto que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».

Por lo demás, cabe destacar que Castillo jamás remitió carta aclaratoria al informe del periodista Alvarado, tampoco optó por una solución conciliatoria y abiertamente, basado en su poder económico, de nuevo dueño de la Universidad Alas Peruanas, ha optado por la confrontación abierta.