También revela que Ministerio del Interior ordenó impedimento de salida del país antes que orden judicial.
Por César López
Alan García iba a ser víctima de una emboscada preparada por el fiscal José Domingo Pérez, quien habría planeado detenerlo en la audiencia que iba a realizarse el 19 noviembre, para posteriormente ampliar la detención preventiva por 36 meses, es decir calco y copia lo que sucedió con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ello, según reveló el expresidente el comunicado a la opinión pública.
Dijo que conoció esta información a través de “personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación”. Asimismo, indicó que el jefe de los fiscales que ven este caso no desmintió “que el día 19 iba a procederse con mi detención por una ‘sospecha inicial’ que es solo una especulación o rumor”.
Según Alan García se abusa de los procedimientos penales para “humillar a los adversarios políticos”. En su versión, primero se acusa de lavado de activos, luego se añade la tipificación de organización criminal, “y de esa manera se tiene una detención de 36 meses mientras se hace la investigación”. “Todo ello coincide con el calendario electoral y con las acciones del Gobierno”, manifestó.
Persecución política
También revela que el 15 de noviembre, dos días antes de la decisión judicial que dictó su impedimento de salida del país, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ya había dispuesto esa restricción.
“Ya habían dispuesto desde el 15 en la mañana ese impedimento informando a todas las garitas de salida del país, lo que demuestra que la orden judicial había sido antecedida a una orden política”, revela el ex mandatario.
Efectivamente, el 15 de noviembre a través del oficio 536, Migraciones comunica al SOB PNP Juanito Saavedra Montenegro, jefe de la sección requisitorias -PNP CEBAF, sobre el impedimento de salida del país del ex mandatario, según documento a la que tuvo acceso LA RAZÓN.
García Pérez, quien permanece en la residencia de la embajada de la República Oriental del Uruguay hasta que se resuelva su pedido de asilo diplomático, enumeró una serie de hechos que, según él, «demuestran una persecución política».
El ex mandatario señaló, por ejemplo, que en el 2013 el entonces fiscal de la Nación José Peláez archivó una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
También menciona que, en el 2011, la llamada Megacomisión durante el gobierno de Ollanta Humala no encontró «ningún indicio o prueba de enriquecimiento ilícito o patrimonial».
Además, remarca que la Comisión Lava Jato que presidió la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) tampoco encontró «ningún indicio delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos», a diferencia de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski o Susana Villarán.
García indicó que el fiscal supremo Pablo Sánchez, cuando fue titular del Ministerio Público, confirmó el archivo en el 2018 de las investigaciones en su contra sobre presunto enriquecimiento ilícito.
«Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa», concluyó.
La carta a la opinión pública fue difundida por su abogado Erasmo Reyna a través de su cuenta de Twitter.
A la espera del asilo
Perú entregó el martes al embajador de Uruguay una nota en que destaca que en el país rige el estado de derecho y la separación de poderes, tres días después de que Alan García pidiera asilo alegando ser víctima de una «persecución política».
El presidente Martín Vizcarra se había comprometido el domingo con su par uruguayo Tabaré Vázquez a enviarle antecedentes para que resuelva el pedido de García.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena prohibió que García salga de Perú por 18 meses luego de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
