Ricardo Sánchez Serra
Las medidas draconianas del Poder Judicial de clavar tres años de prisión preventiva por indicios de delitos en el caso de la corrupción de Odebrecht. Que el acusado pruebe su inocencia y que estas medidas no se apliquen por igual para todos los actores -a todas luces injustas y discriminatorias- es indefendible en el concierto internacional.
Que al Poder Judicial se le escape la tortuga, por su inacción en los casos del exmandatario Alejandro Toledo y del ex vocal supremo César Hinostroza, no es motivo para justificar medidas draconianas, como los tres años de prisión preventiva y poder extenderlo otros tres: ¡Seis años para investigar y preso el acusado!
Hay una polémica en el caso de la solicitud de asilo político a Uruguay por parte del expresidente Alan García, pero la discusión, lejos de ser netamente jurídica, se ha convertido en hígado-emocional e ideologizada que llega hasta trompadas en las calles, como la agresión brutal al excongresista Luis Alva Castro, sin contemplar su avanzada edad y enfermedad (sufre de Alzheimer).
El Estado uruguayo califica si otorga el asilo o no. No puede haber injerencia de ningún país, porque es un asunto soberano. El líder aprista se considera un perseguido político ¿Lo es? Creo sinceramente que el gobierno del presidente Martín Vizcarra defiende las libertades y nadie tiene por qué sentirse perseguido.
El caso de solicitar la cabeza del doctor Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación, es una simple apreciación personal. No puede ser ejemplo de “persecución”. Hay libertad de opinión. Si el Ejecutivo hubiera intervenido la Fiscalía de la Nación, otro sería el cantar. Pero no ha sucedido.
Si hay un fallo del Poder Judicial que atenta contra las libertades o contra el debido proceso, el perjudicado apela a cortes internacionales, en donde se enjuicia al Estado Peruano. Ojo. No al gobierno de turno. Al Estado.
García se siente afectado en sus derechos y dice ser un perseguido político. Dicha persecución no es del Gobierno de Vizcarra –es absurdo sostener lo contrario- pero sí desde el Poder Judicial. Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, es el Estado responsable de esa supuesta persecución.
Lo político y el tinte ideológico están cubriendo lo jurídico y el raciocinio. En caso Uruguay –tradicional defensor del derecho de asilo y humanitario- otorgue el asilo, como se prevé, y solicite el salvoconducto para García, el Perú debe otorgárselo de acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, que el Perú y el Uruguay son firmantes. Es seguro que el profesional Torre Tagle lo recomendará al presidente.
Lo demás son elucubraciones políticas. Ya “ilustres” juristas o que fungen de juristas, se encuentran pidiendo que el presidente no lo otorgue por razones no jurídicas y así no menoscabar su lucha contra la corrupción. A Vizcarra le sobra muestras de luchar contra la corrupción. Solo debo decir que el Perú debe honrar lo firmado y demostrar ser respetuoso de los tratados.
Para nada defiendo a García, que no se confunda. Es más, hasta ahora recuerdo su primer gobierno que me afectó profundamente en lo personal y familiar, y que destrozó al Perú.
Se necesita mucha madurez por parte de los peruanos para entender los problemas y que penosamente la mayoría no reflexiona porque está contagiada de odio e intolerancia.
Mis intenciones serán malentendidas, seguro, por mentes ideologizadas y de odio, reitero, pero el Perú está primero. Asimismo, las relaciones con la hermana República Oriental del Uruguay, que tome la decisión que fuere, no deben ser enturbiadas, ni por el vuelo de un bicho.
Nuestros países coinciden en política exterior, en defensa de los derechos humanos, el integracionismo regional, el Derecho Internacional y el multilateralismo. Es importante señalar que Uruguay nos ha dado muestras de solidaridad en toda la historia, desde la gesta independentista.
