Estado de emergencia no logra frenar delitos en Lima y provincias.
La creciente inseguridad en el Perú ha alcanzado niveles críticos, con casos de asesinatos, extorsiones y ataques armados que han conmocionado a la población en diversas regiones. A pesar de las medidas implementadas por el gobierno, como el estado de emergencia en 14 distritos de Lima, la delincuencia sigue cobrando víctimas y generando una sensación de desprotección.
En Chiclayo, el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer en una caseta abandonada en el distrito de José Leonardo Ortiz ha causado indignación. En Ate, un ataque a balazos contra un bus interprovincial dejó tres heridos, mientras que en Villa María del Triunfo, un hombre fue asesinado dentro de su vehículo. Estos son solo algunos ejemplos de los actos violentos que se repiten a diario en el país.
Por otro lado, en Tumbes, extorsionadores detonaron una bomba casera frente a un colegio, intensificando la preocupación por el accionar de bandas criminales. En Comas y San Juan de Lurigancho, asesinatos y ataques armados también han dejado a las comunidades en vilo.
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Desconfianza en las instituciones
La percepción de inseguridad va en aumento, alimentada por la baja aprobación de la gestión de las principales instituciones de seguridad. Según una encuesta de Ipsos, el 61% de los ciudadanos desaprueba el desempeño de la Policía Nacional del Perú, mientras que el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer también enfrentan críticas por su limitada capacidad de respuesta.
Analistas señalan que la falta de políticas integrales y preventivas, sumada a la corrupción dentro de las instituciones de justicia, contribuye al crecimiento del crimen organizado. La extorsión y el sicariato, en particular, han escalado a niveles alarmantes, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comerciantes.
Exigencias de la población
La población peruana exige acciones más contundentes que incluyan no solo un mayor despliegue policial, sino también programas sociales que ataquen las raíces del crimen, como la desigualdad y la falta de oportunidades. Los ciudadanos reclaman una estrategia sostenida que no solo enfrente la violencia en el corto plazo, sino que también reduzca su resurgimiento.
El desafío para el gobierno es implementar medidas efectivas que restauren la confianza y devuelvan la tranquilidad a las comunidades afectadas, mientras el país enfrenta esta crisis de inseguridad sin precedentes.
