A pesar de las intervenciones exitosas de la Policía Nacional del Perú, varias armas confiscadas no llegan a los almacenes oficiales de Sucamec, y regresan al circuito criminal.
Un reciente informe ha puesto en evidencia una preocupante irregularidad en el manejo de las armas incautadas por la Policía Nacional del Perú (PNP). Según una investigación de Latina Noticias, un grupo de 15 armas, que habían sido confiscadas en diversas intervenciones policiales, fueron reutilizadas por delincuentes en nuevos hechos delictivos, lo que ha generado alarmas sobre la falta de control en el destino de estas armas.
Según la legislación vigente, cada vez que la PNP detiene a un delincuente con un arma de fuego, esta debe ser sometida a un peritaje balístico en las Unidades de Criminalística de la policía, ubicadas en distintos puntos de Lima. Tras este procedimiento, las armas deben ser enviadas a los almacenes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Durante este tiempo, las autoridades deben determinar si el arma será destruida o devuelta a su propietario si no hay responsabilidad penal.
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Sin embargo, ha surgido un fenómeno que no está contemplado en la ley: el «ruleteo». Este término describe el proceso en el que un arma nunca llega a Sucamec, y, por razones aún no claras, vuelve a manos de los delincuentes. Esta práctica ha sido confirmada con el caso de la pistola Glock Modelo 19, que había sido incautada a un conocido delincuente, Christopher Joseph Fuentes Gonzáles, alias ‘Maldito Cris’, en abril de 2022. A pesar de la incautación de esta arma y su vinculación con un robo en Los Olivos, nunca fue registrada en Sucamec. Un año después, en enero de 2023, esa misma pistola fue utilizada en un asalto a una fábrica en Lurín.
El hecho ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de control y almacenamiento de armas incautadas en el país. Expertos señalan que el «ruleteo» de estas armas pone en riesgo la seguridad de la población y refuerzan la necesidad de reformar los protocolos para evitar que los artefactos recuperados por la PNP caigan nuevamente en manos de los criminales.
