Karen Bass denunció la presencia de agentes de CBP e ICE en McArthur Park y exigió el retiro inmediato de la Guardia Nacional desplegada sin autorización estatal.
El 7 de junio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizó un operativo en el parque McArthur, en West Lake. La intervención generó gran controversia en Los Ángeles por ocurrir en una zona pública con presencia de niños y familias. La alcaldesa Karen Bass se pronunció duramente contra la presencia de agentes migratorios y tropas de la Guardia Nacional en un espacio frecuentado por familias, calificando el hecho como “indignante”.
Según denunció la autoridad edil en su cuenta de X, los agentes llegaron al parque cuando más de 20 niños se encontraban jugando. A las 10:45 a.m., testigos reportaron la presencia de oficiales a caballo patrullando la zona. Si bien no se reportaron detenciones en ese momento, la escena causó alarma entre los asistentes. Algunos de los efectivos habrían pertenecido a ICE y otros a CBP, aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles afirmó no haber sido notificado del despliegue.
Aproximadamente a las 11:05 a.m., la alcaldesa Bass acudió personalmente al lugar, cancelando su participación en una conferencia de prensa prevista en Pasadena junto al gobernador Gavin Newsom. Frente a un agente de CBP, Bass exigió el fin inmediato del operativo. “Esto debe acabar ahora”, habría dicho, de acuerdo con versiones recogidas por medios locales.
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Tras la intervención de la alcaldesa, se congregaron manifestantes en los alrededores del parque para expresar su rechazo al accionar de los cuerpos federales. La molestia de la comunidad se suma a las tensiones previas en la ciudad, luego de que el presidente Donald Trump ordenara el envío de tropas federales a inicios de junio para reforzar las acciones contra protestas anti-ICE.
ICE confirmó su participación en el operativo a través de un comunicado. Aclaró que la coordinación estuvo a cargo de la CBP. También indicó que el despliegue contó con apoyo de tropas militares enviadas previamente por el gobierno federal para “proteger propiedades y agentes”.
