Juez supremo presentó su libro «El (des)valor público en la política penal»

 

VALERIA PONCE

El juez supremo Aldo Figueroa Navarro presentó en el Tribunal Constitucional (TC), su libro “El (Des)valor público en la política penal. Fundamentos teóricos”, editado por Ara Editores. En la actividad participaron el magistrado del TC Helder Domínguez Haro, el expresidente de la Corte Suprema César San Martín Castro y Stephen Haas del Carpio, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del TC.

El estudio analiza, desde las políticas públicas, el proceso de agendamiento, deliberación, implementación y evaluación de la tipificación de conductas y sanciones penales, en el marco de la gobernanza, la gobernabilidad y el buen gobierno. En esta entrevista, Figueroa explica el sentido del título, cuestiona el rol de los medios y afirma, con temor, que la política penal peruana es caótica.

 

— ¿Qué lo motivó a hacer este estudio?

Orienté mi investigación hacia un tema arduo que va más allá del derecho porque me preocupó siempre, desde que soy juez, pero también académico, que los problemas de la criminalidad no se resolvían únicamente con leyes, sino que requieren múltiples esfuerzos y recursos, como el tiempo, recursos presupuestales, recursos humanos, voluntad política, fuerza, infraestructura y tecnología, que combinados pueden resolver problemas tan complejos como la criminalidad organizada. Entonces emprendí esta aventura intelectual aprovechando que la Junta Nacional de Justicia anterior me destituyó como juez supremo y, por lo tanto, tenía algo de tiempo para dedicar a esta investigación.

 

— ¿Qué significa «desvalor público», el título de su libro?

Este título tiene dos sentidos. Pongo la palabra «des» porque puede que la política penal en la práctica no valga mucho, esto es, no sea aceptada por la ciudadanía. Pero cabe también la otra posibilidad: que si se utilizan adecuadamente los recursos de la política pública, puedan generarse productos que satisfagan o sean aceptados por la ciudadanía, como en los casos en que se reduce el problema de la criminalidad. Ese es el sentido del título del libro.

 

— ¿La agenda legislativa ha sido presionada por la presión mediática? ¿Qué papel cumplen los medios en la lucha contra la criminalidad?

Los medios de comunicación tienen un papel importante en la lucha contra la criminalidad a través de la comunicación adecuada de los hechos que suceden en la calle vinculados a los problemas de la criminalidad. Pero, así como pueden cumplir una función útil difundiendo adecuadamente estos hechos, a veces pueden distorsionar el discurso o la realidad que se vive en nuestras calles, seleccionando determinados hechos y dándoles una determinada interpretación que puede generar una distorsión en el conocimiento de la opinión pública.

En particular, los medios televisivos únicamente transmiten imágenes impactantes, pero que no expresan toda la realidad del fenómeno criminal. A veces también los medios pueden intervenir de manera inadecuada en las investigaciones que sigue el Ministerio Público para esclarecer un crimen, vulnerando, por ejemplo, la reserva de la investigación. Entonces, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad.

En una sociedad democrática, su papel es ineludible e importante, porque la libertad de expresión es la base de una sociedad democrática. Pero cuando la libertad de expresión es distorsionada a través de noticias que no transmiten la realidad, puede tener también efectos negativos.

 

— ¿Cómo se relacionan la política penal y la política pública?

La política penal es una forma de las políticas públicas, así como existe la política familiar, la política tributaria, la política de seguridad social, etcétera. La política penal es también un mecanismo que tiene un sistema democrático para solucionar problemas complejos, como la criminalidad o la delincuencia urbana, que genera inseguridad ciudadana.

 

— ¿Cuál es el principal resultado de su estudio y qué significa la carátula del libro?

El principal resultado es que quizás he buscado sintetizar lo que serían los fundamentos teóricos de una formulación ideal de la política penal en el Perú. Es un proceso en el que se agenden los verdaderos problemas, se debata sobre la forma de solucionarlos, se transformen en leyes racionales que sean aplicadas adecuadamente por los jueces y que además puedan ser corregidas a través de evaluaciones constantes. Ese sería el principal resultado como aspiración.

Lo que en la realidad veo y constato con temor es que nuestra política penal es una política caótica, que podría quedar expresada en esta imagen: un mosaico de elementos que no se coordinan entre ellos para establecer algo estructurado. Ese sería el significado de la carátula.