Alejandro Sánchez no será colaborador eficaz, asegura su abogado

La casa Sarratea, según las diligencias, fue usada para las reuniones del expresidente golpista para las coordinaciones de su campaña presidencial y con funcionarios del Gobierno

por | Jun 21, 2024 | Actualidad

La casa Sarratea, según las diligencias, fue usada para las reuniones del expresidente golpista para las coordinaciones de su campaña presidencial y con funcionarios del Gobierno

Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y presunto financista del expresidente Pedro Castillo, ya encuentra actualmente en Lima. Su abogado defensor, Tomás Gálvez, luego deportado de los Estados Unidos.

Sánchez aprovechó las cámaras de la prensa para asegurar su inocencia y, por lo tanto, no se acogerá a la figura de colaborador eficaz.

En sus declaraciones, Gálvez mencionó que su cliente será trasladado al penal de Ancón en breve. Asimismo, reconoció que Sánchez cruzó la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal, complicando su situación jurídica. «Colaborador eficaz es la persona que es culpable y que ha participado en hechos. En este caso, él indica que no ha participado en ningún hecho delictivo (…) Indica que es absolutamente inocente, y que está arbitrariamente detenido”, aseguró el abogado.

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Sánchez, quien estaba prófugo desde octubre de 2022, fue detenido en la frontera de Estados Unidos mientras intentaba ingresar de manera irregular. Asimismo, su solicitud de asilo fue rechazada por las autoridades estadounidenses, quienes procedieron a su expulsión después de agotar todos los procedimientos legales presentados por su defensa.

Investigaciones contra Alejandro Sánchez

Cabe recordar que a Sánchez se le acusa de ser parte de una presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo, que habría infiltrado diversas instituciones del Estado para beneficiar a ciertas empresas con contratos y obras. Actualmente, Sánchez se encuentra en la carceleta del Poder Judicial, a la espera de su traslado a una prisión para cumplir con la detención preliminar de 30 meses dictada en su contra como parte de las investigaciones por el presunto delito de organización criminal.


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