El Ministerio Público investiga a Toledo y a Karp desde 2013, debido a la compra de un inmueble en el distrito de Surco
El Poder Judicial ha ordenado el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del expresidente Alejandro Toledo, como parte de la investigación preparatoria por presuntos aportes ilegales recibidos durante su campaña de 2011. Este requerimiento proviene del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.
Además de Toledo, la medida también afecta a Javier Reátegui, exministro y exsecretario de Perú Posible; Carlos Bruce, actual alcalde de Surco; Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo; Lydia Rodríguez Vilca, extesorera de Perú Posible; y Pedro Abel Rodríguez Aliaga, excontador de Perú Posible. Todos ellos están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
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Mediante una resolución del 31 de mayo, el juez Jorge Chávez Tamariz dispuso que las entidades de telefonía en el país proporcionen, en un plazo de 7 días hábiles, la relación de todos los números telefónicos, tanto fijos como móviles, adquiridos y utilizados por los investigados.
Además, deberán informar sobre la ubicación física de los equipos celulares correspondientes y proporcionar un reporte histórico de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, así como de las comunicaciones vía WhatsApp, abarcando el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.
Esta decisión se suma a lo acontecido a inicios de junio, cuando el Poder Judicial ratificó la decisión de mantener al expresidente Toledo y a su esposa, Eliane Karp, bajo prisión preventiva por 18 meses, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
