La Comisión debatirá acerca de la norma aprobada por el Congreso que favorece a los prestamistas del «gota a gota»
En la jornada de hoy, la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso de la República abordará propuestas legislativas que plantean la derogación de la controvertida «Ley que protege contra la usura a los consumidores de los intermediarios financieros«, así como otras normativas que impactan directamente a los consumidores.
La ley, aprobada en el año 2021, ha resultado en un aumento de las víctimas de los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota‘. A pesar de las advertencias del Banco Central de Reserva (BCR) en contra de su aprobación, la normativa fue ratificada.
La ley contra la usura provocó la exclusión del sistema financiero formal de 554,260 individuos, incluyendo clientes de instituciones financieras, cajas rurales y empresas de crédito. Esto llevó a que estas personas buscaran créditos para sus negocios en préstamos callejeros y clandestinos, que en numerosas ocasiones resultaron en extorsiones y tragedias mortales.
Lee también:
SJL: playa artificial ha costado más de S/107.000 en mantenimiento
Enrique Castellanos afirmó que la legislación contra la usura limita la disponibilidad de préstamos por parte de los bancos para ciertos sectores de la población, lo que deja a esas personas con la única opción de recurrir al préstamo conocido como ‘gota a gota‘.
Juan José Marthans, quien se desempeñó como superintendente de Banca y Seguros (SBS) en el pasado, expresó su apoyo a la abolición de dicha regulación.
“Le ha hecho mucho daño al segmento más vulnerable de los prestatarios de las microfinancieras. Los únicos que han ganado son los prestamistas informales y aquellos ligados a los créditos ‘gota a gota’. Es decir, ganaron la informalidad y la usura. Parece que un sector del Congreso está empeñado en apoyar a segmentos informales de la minería, el transporte público, la educación de mala calidad”, comentó Marthans.
Asi mismo subrayó que la normativa es altamente perjudicial y que hoy más que nunca “se requiere que las microfinancieras reactiven el apoyo a los más vulnerables. Mientras no se derogue la ley en cuestión, el error continuará”, finalizó.
