A pocas horas de la segunda vuelta electoral en el Colegio de Abogados de Lima (CAL), las alarmas se han encendido entre los agremiados que defienden la independencia institucional. La candidatura de Delia Espinoza (Lista 3) es señalada hoy como la punta de lanza de una estrategia para someter al Ilustre Colegio a la agenda política de los sectores «progresistas» y de la izquierda radical.

Uno de los puntos más críticos que ha encendido el debate es el abierto apoyo que Espinoza ha recibido de Ronald Atencio, candidato presidencial del partido izquierdista Venceremos. Atencio, conocido por su retórica confrontacional, ha politizado la elección al calificarla como una lucha entre «la democracia o la mafia», utilizando un guion que busca polarizar el gremio bajo los mismos términos que la izquierda utiliza en las elecciones generales.

Para los analistas, este respaldo no es gratuito y sugiere que, de ganar Espinoza, el CAL podría convertirse en un bastión de defensa de figuras cuestionadas del bloque radical, perdiendo su neutralidad jurídica necesaria para el país.

La procedencia de Delia Espinoza del Ministerio Público y su reciente situación legal —tras ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)— genera un temor fundado: que el Colegio de Abogados se convierta en una extensión de las guerras intestinas que hoy desangran al sistema judicial.

“El CAL no puede ser el refugio de quienes buscan impunidad o una plataforma para continuar sus vendettas personales contra otros estamentos del Estado”, señalan sectores críticos que ven en Espinoza un perfil condicionado por su pasado en la fiscalía.

El riesgo de un «CAL Caviar»

El poder del Decano del CAL es inmenso: puede proponer leyes al Congreso e impugnar normas ante el Tribunal Constitucional (TC). La advertencia es clara: elegir a Espinoza entregaría este poder a los sectores «caviares» que, bajo el discurso de la ética y la moral, han buscado históricamente instrumentalizar el derecho para fines políticos.

La primera vuelta dejó cifras preocupantes: más de 4,300 abogados votaron en blanco o nulo, evidenciando un desinterés que podría ser aprovechado por las maquinarias políticas de izquierda para tomar el control. La pugna del 14 de marzo no es solo por un cargo gremial; es la decisión entre mantener un gremio técnico o permitir que la agenda de los «progresistas» defina el futuro de la justicia en el Perú.