1 de mayo de 2026

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Alerta: Escándalo en Fovipol alcanza a ministro del Interior

Escándalo en Fovipol alcanza a ministro del Interior

Mal manejo de dinero de policías bajo la lupa

El exministro del Interior Cluber Aliaga afirmó que el Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) pagó S/ 25 millones por inmuebles con fallas estructurales que resultaron inhabitables, pese a tratarse de viviendas nuevas con un valor superior a S/ 200 mil por unidad.

Estas compras fueron aprobadas por el coronel Edgar Paredes Montenegro, gerente general del fondo. En diálogo con canal N, Aliaga señaló que Fovipol podría funcionar como una entidad financiera eficiente para beneficiar a los policías con viviendas dignas, pero esto no ocurre debido a malas gestiones.

“No se envía a los mejores cuadros. Hay responsabilidad directa de quienes lo designan y lo mantienen”, afirmó el extitular del Mininter.

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El general Óscar Arriola, comandante general de la PNP, habría ordenado la salida del coronel Paredes. Sin embargo, según Aliaga, esta decisión requiere una resolución ministerial, firmada por el ministro del Interior (Tiburcio), para que tenga efecto legal. “Si no se da la salida, el responsable es el ministro”, puntualizó.

Aliaga también indicó que el coronel Paredes solicitó un préstamo de más de S/ 500 mil al mismo Fovipol para adquirir un departamento en San Isidro mientras ejercía como gerente.

Aunque no es ilegal, Aliaga cuestionó la ética del acto. “Primero se debe servir a los demás. No se puede dar prioridad a beneficios personales desde una posición de poder”, declaró.

El exministro pidió a las autoridades designar a oficiales capacitados, con formación administrativa y financiera, para gestionar adecuadamente el fondo, que se alimenta con aportes de los policías y del Estado.

Aliaga también se refirió al Índice de Progreso Social Mundial, que coloca al Perú en el puesto 101 de 171 países en materia de seguridad ciudadana, retrocediendo 15 posiciones.

Indicó que los costos derivados del cobro de cupos y extorsiones alcanzan el 3% del PBI, el doble del gasto público en seguridad.

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