Premier planteó interrogantes sobre impulsar la vacancia antes de la primera vuelta.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que un eventual pedido de vacancia contra el presidente de la República, José Jerí, no puede sustentarse en suposiciones o elucubraciones, sino en hechos ciertos y verificables.
En declaraciones públicas, el titular del Gabinete señaló que la vacancia es una figura contemplada en la Constitución Política del Perú para situaciones excepcionales y de gravedad. Indicó que se trata de una herramienta prevista para casos en los que existan hechos comprobados que impidan la continuidad en el cargo.
Álvarez explicó que la medida corresponde a escenarios en los que se configuren conductas graves, como la recepción de coimas, la comisión de un golpe de Estado o negociaciones indebidas en contextos de emergencia. Señaló que en esos supuestos no se puede esperar el desarrollo regular de una investigación para adoptar una decisión política.
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En ese contexto, invitó a los congresistas y a la ciudadanía a reflexionar sobre la pertinencia de iniciar un proceso de vacancia. Planteó dos preguntas: si resulta conveniente impulsar una medida de ese tipo antes de la primera vuelta electoral y si los hechos conocidos constituyen una causal suficiente para proceder con la vacancia presidencial.
El jefe del Gabinete remarcó que cualquier decisión de esa naturaleza debe evaluarse con responsabilidad y dentro del marco constitucional vigente.
En otro momento, se refirió a la seguridad de las Elecciones Generales 2026. Informó que el Ejecutivo dispuso protección policial para los candidatos presidenciales, así como para las entidades del sistema electoral.
Precisó que el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuentan con resguardo, y que estas instituciones coordinan con las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en los locales de votación y de los miembros de mesa durante la jornada electoral.
Álvarez indicó que el objetivo es asegurar el normal desarrollo del proceso electoral y preservar el orden público en todo el país.
