El fiscal José Domingo Pérez no sólo realizó una cacería judicial contra el expresidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sino que es acusado de fabricar pruebas, ocultando la verdad en el caso Los Cócteles y afectando entre ellos al empresario Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, a quien lo denunció sin ninguna prueba de recolectar ilegalmente dinero para la campaña del fujimorismo.
“Una reciente decisión de la Corte Suprema ha producido un giro en el proceso que afecta al empresario Ricardo Briceño. Fue acusado de lavado de activos en el denominado Caso Cocteles, que se origina en donaciones supuestamente ilícitas a dos campañas electorales de Keiko Fujimori. La iniquidad destacó por las fuertes evidencias de que no donó dinero ni fue intermediario para tal fin. El título del libro que Briceño presentó hace unos días –”¿Qué hago yo aquí?” (Aguilar, 2024)– responde precisamente al sinsentido de haber sido llevado a juicio sin pruebas o, mejor dicho, con pruebas de que está siendo imputado falsamente” relata en su columna de opinión el periodista Ricardo Uceda.
Efectivamente por orden de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente se abre el camino para que el juez responsable examine las evidencias que no quiso ver otro juez, en contubernio con la fiscalía.
“La imputación a Briceño se origina en declaraciones del representante de Odebrecht, Jorge Barata, ante el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez y el procurador brasileño Orlando Martello. Barata sostuvo que en el 2011 dio US$200.000 a la Confiep para apoyar la campaña de Keiko Fujimori. La donación, dijo, se debió a un pedido que le hizo Briceño, entonces presidente de la confederación, en presencia de los principales empresarios del Perú”, agrega.
En el 2018, en un allanamiento a la Confiep, el Ministerio Público encontró un comprobante de donación de Odebrecht por la cantidad que indicó Barata. Era para una “campaña de medios sobre el proyecto de inversión privada II”, y llevaba la firma de Briceño. Es decir no era para la campaña de Keiko Fujimori, sino para una campaña publicitaria.
“Cuando la fiscalía le abrió investigación, dentro del contingente de 46 personas comprometidas en el Caso Cocteles, añadió un nuevo elemento. Dijo que Briceño había donado S/11.100 de su peculio a Fuerza 2011, que era como se llamaba Fuerza Popular en aquel entonces. Este dinero, sostuvo, no había sido declarado a la ONPE. Además, le atribuyó haber organizado en su casa de Las Casuarinas, un coctel de recolección de fondos para la candidatura”, agrega.
Se revela que hay muchos testigos que señalan que en la reunión de la Confiep no le solicitó a Barata fondos para Fujimori. Luego, la donación de Odebrecht fue para una campaña de imagen que destacara el rol de la inversión privada, es decir la tesis que de que 200 mil dólares fue para campaña de Keiko Fujimori fue un invento de Domingo Pérez.
“Por otra parte, no era cierto que en el 2011 donó dinero personal a Fujimori sino a la campaña de Kuczynski, conforme figuraba en la ONPE. Finalmente, no organizó ningún coctel en su casa, la que tampoco quedaba en Las Casuarinas. La dirección que señaló la fiscalía pertenecía a otra persona”, añadió.
Efectivamente, el Ministerio Público tuvo los elementos para comprobar que hacía una imputación falsa. Contaba con los documentos probatorios de que la Confiep gastó la donación en una campaña publicitaria institucional. El dinero no ingresó a Fuerza 2011 para ser pitufeado, como ocurrió con otros casos. Sin embargo, el polémico y cuestionado fiscal continuó con sus falsas acusaciones.
“El fiscal Pérez construyó una teoría según la que, desde fuera de la Confiep, en su calidad de expresidente, había sido un agente de la organización criminal liderada por Keiko Fujimori para captar fondos lícitos, habiendo logrado reunir US$2′077.500 de diversas compañías en favor de su candidatura. Lo hizo, indica, adulterando balances y estados financieros de la organización. La acusación no contenía pruebas”, señala.
“El fiscal Pérez, sin embargo, continuó con su tesis. Peor aún, ello fue permitido por el juez que controlaba la acusación, Víctor Zúñiga. La deplorable actuación de este magistrado en el Caso Cocteles ha sido abundantemente documentada, y su parcialidad expuesta por un fallo judicial que confirmó la violación del derecho de defensa del abogado Arsenio Oré. No deben sorprender nuevas sentencias en el mismo sentido. Una de ellas la del propio Briceño, pues con la última resolución de la Corte Suprema, que lo favorece, es inminente que una sala constitucional superior ordene al juez que vuelva a resolver un pedido de sobreseimiento que rechazó”, señala.
