Exprocuradora de la Nación, Katherine Ampuero, indicó que las pruebas obtenidas por la fiscal Sánchez también involucrarían a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena
La exprocuradora de la Nación, Katherine Ampuero, señaló que la fiscal Janny Sánchez contaría con pruebas que vinculan al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en los contratos de Richard Swing con el Ministerio de Cultura.
En diálogo con Exitosa, la exprocuradora indicó que la fiscal Sánchez hizo entrega de las pruebas recolectadas a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Aquellas pruebas también involucran a la exministra de Cultura, Patricia Balbuena.
“Recordemos que la fiscal Janny Sánchez, quien inició la investigación en mayo, ha remitido un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el cual da cuenta que habría elementos que estarían indicando la participación del presidente en estos hechos irregularidades [contratación de Swing] y no solamente de él, sino también contra la exministra de Cultura, Patricia Balbuena”, expresó Ampuero.
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Asimismo, dijo que la fiscal Janny Sánchez no puede abrir investigaciones contra el mandatario y la exministra Balbuena ya que el nivel jerárquico que ocupa no le otorga dicha facultad.
“La autoridad competente que tiene la facultad de abrir indagación en contra de altos funcionarios del Estado es la fiscal de la Nación; es por eso que la fiscal Sánchez le remitió el informe con todos los elementos probatorios que ha podido recabar en todo este tiempo para que la fiscal Zoraida Ávalos se pronuncie al respecto”, precisó.
Respecto a las detenciones preliminares contra los nueve implicados en el caso «Swing», la exprocuradora comentó que estos siete días sirvieron para encontrar nueva información que permite solicitar nueve meses de prisión preventiva contra Richard Cisneros; la exsecretaria presidencial, Mirian Morales; el exasesor de comunicaciones del presidente, Óscar Vásquez; y la exfuncionaria del Ministerio de Cultura, Liliana Chanamé.
Finalmente, recalcó que para que la solicitud de prisión preventiva proceda debe acreditarse el riesgo de obstaculización en las investigaciones por parte de los involucrados.
